La justicia dictó sentencia en este sonado caso ocurrido en 2017. Sesenta años de prisión deberá pagar condenado por triple feminicidio.
El Tribunal Superior de Santa Marta confirmó, en segunda instancia, la condena a 60 años de prisión impuesta por el Juzgado 1 Penal del Circuito de El Banco, en contra de Robinson Castellanos Plata, condenado por los delitos de feminicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo.
Este caso, adelantado de manera articulada por funcionarios de la Fiscalía destacada para Feminicidios en el Magdalena, que sumó esfuerzos con la Fiscalía 39 del Caivas y otra de Medellín, todas apoyadas por las policías judiciales (CTI, Sijín y Dijín) de El Banco, Santa Marta, Barranquilla, Bogotá y Medellín.
Los asesinatos
A mediados de junio de 2017, de Gloria Leal Valetta, pareja sentimental de Castellanos; Andrea Castellanos, hija adoptiva del procesado; y Mercedes Leal Valetta, hermana de Gloria Leal fueron llevabas por Castellanos provenientes de Medellín a un supuesto paseo al departamento del Magdalena del cual no salieron con vida.
Las tres mujeres fueron transportadas por el condenado a una finca del corregimiento de Algarrobal en el municipio de El Banco (Magdalena), donde las esperaban los hermanos Jonny y Ramón López Castro, quienes las ataron con cuerdas y las amenazaron con machetes y cuchillos.
De acuerdo a la sentencia publicada por el diario El Informador de Santa Marta, Gloria Leal fue asesinada por Jonny López, mientras que Andrea Castellanos y Mercedes Leal fueron torturadas y asesinadas por el propio Castellanos.
La intención del condenado era quedarse con los cuantiosos bienes de las víctimas.
Los hermanos López Castro fueron los encargados de hundir los cuerpos en la Ciénaga de Chilloa, en Magdalena, pero pese a las sábanas, las piedras y las cuerdas que les habían puesto a las víctimas para esconder las evidencias, sus restos fueron hallados por pescadores en el río Magdalena, días después de los crímenes.
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La decisión de primera instancia fue apelada por el defensor manifestando que se vulneraron los derechos al debido proceso y a la defensa técnica del procesado. Sin embargo, dichos argumentos fueron rechazados por el tribunal.
Contra esta decisión de segunda instancia procede el recurso extraordinario de casación.
