La Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (JEP) asumió el proceso contra el general de la Policía en retiro Mauricio Santoyo, que fue jefe de seguridad de la Presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010), por la desaparición forzada de dos personas en el año 2000.
Santoyo es señalado de la desaparición de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes).
«No obstante que la JEP declara su competencia exclusiva y prevalente frente a este proceso, la Sala le comunicó a la Fiscalía para que de manera complementaria y armónica con esta Jurisdicción finalice la investigación hasta que califique el mérito del sumario», explicó la JEP en un comunicado.
Asumir la competencia exclusiva y prevalente quiere decir que la JEP será la que juzgue y sancione, en caso de ser necesario, los delitos por concierto para delinquir y desaparición forzada de los que se acusa al general en retiro.
La desaparición forzada de Monsalve y Quintero ocurrió el 6 de diciembre de 2001 cuando Santoyo, entonces coronel de la Policía, era el comandante del grupo antisecuestro en Medellín.
Santoyo fue notificado de la boleta de captura en su contra el 29 de abril del año pasado cuando llegó a Colombia luego de pagar una condena de seis años en Estados Unidos por cargos relacionados con tráfico de drogas en asocio con la que se conocía como la «Oficina de Envigado» y con paramilitares, hechos que ocurrieron, de acuerdo con el proceso de las autoridades estadounidenses entre 2000 y 2008.
SANTOYO ADMITIÓ ERRORES
La Fiscalía dijo que antes de que fuera extraditado a Estados Unidos, Santoyo aceptó voluntariamente que participó en la «interceptación de líneas telefónicas», en su calidad de «comandante del Gaula Urbano de Medellín con la finalidad de que el paramilitarismo ejecutara sus operaciones».
Santoyo admitió en 2012 «haber cometido errores» de los que se arrepentía y se declaró culpable de haber colaborado con actividades de narcotráfico así como de haber apoyado a las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), desmovilizadas en 2006 tras llegar a un acuerdo con el Gobierno de Uribe.
Según la Fiscalía, Quintero y Monsalve sufrieron «una persecución sistemática por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en asociación con agentes de Estado», que se orquestó contra Asfaddes, algunos de cuyos familiares eran miembros de la Unión Patriótica (UP).
