En los últimos periodos se volvió común ver a los concejales de la ciudad acompañados por un completo esquema de seguridad conformado, por lo general, por dos policías/dos motos y una camioneta blindada.
No obstante, la asignación de parte de dicho esquema se ha gestado en una enorme irregularidad que involucra millonarios recursos públicos.
Así lo denunció el representante a la Cámara por Decentes, David Racero, tras revisar con lupa el decreto 1066 de 2015 del ministerio del Interior.
De acuerdo con el mandato, los concejales no son funcionarios públicos con riesgo asociado a su cargo. Esto quiere decir que de entrada no deberían tener una camioneta blindada asignada por la Unidad Nacional de Protección (UNP). Contrario a esto, 44 de los 45 concejales del periodo pasado (2016-2019) las tenían. El único que renunció a ella fue Juan Carlos Flórez.
“El decreto, taxativamente habla de presidente, ministros, fiscales y congresistas, pero nunca contempla el tema de los concejales para la asignación del esquema de seguridad. En Bogotá se ha estado manejando el tema de la asignación de camionetas a concejales como si fuese algo rutinario, normal. Es decir, se entra como concejal y ya se sobreentiende que tiene que tener camioneta”, resaltó Racero en conversación con PUBLIMETRO.
Para el representante, el fraude que se lleva cometiendo es enorme, ya que ante los ojos de la ley, el riesgo que tienen los concejales es el riesgo de cualquier ciudadano, dicho de otra manera, es un riesgo ordinario.
Esto no quiere decir que los cabildantes amenazados se queden sin protección, ya que el llamado es para que realmente se determine quién necesita de esos recursos. “Nos damos cuenta que la UNP ha estado asignando esos esquemas sin ningún tipo de argumento”, puntualizó.
El representante le trasladó estas inquietudes a Claudia López antes de su posesión, teniendo en cuenta que su administración debe tomar una decisión crucial respecto al convenio que la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) y la UNP para proveer esquemas de seguridad a los cabildantes. Dicho contrato suma 5000 millones de pesos al año.
“El 25 de enero pasado se terminó el convenio de 2019 entre Hacienda y la UNP. La pregunta es: ¿la Secretaría reajustó ese convenio en sus cláusulas disponiendo que las camionetas solamente sean para concejales amenazados o lo sigue dejando abierto?”, recalcó.
Por lo pronto, Racero no ha recibido una respuesta de la alcaldesa, tampoco se conoce un pronunciamiento oficial de la cartera de Hacienda sobre la decisión que se tomará referente al polémico convenio.
Proponen a los concejales de Bogotá renunciar a los policías que los escoltan
La concejal Marisol Gómez, de Bogotá para la Gente, también aportó al debate.
En ese sentido, radicó un proyecto de acuerdo para que los concejales renuncien a los policías motorizados que los escoltan, teniendo en cuenta que actualmente hay 90 uniformados con sus motocicletas desganados para esta labor en el Cabildo.
Su propuesta busca que estos policías sean vinculados a la creación de una unidad de reacción inmediata para enfrentar los hurtos en TransMilenio, que el año pasado aumentaron 44%.
“Es indolente con la ciudad que en el estacionamiento del Concejo permanezcan decenas motos de la Policía parqueadas, mientras en las calles se necesitan esos vehículos para proteger a los ciudadanos”, enfatizó Gómez.
Además de la creación de un grupo élite para el sistema de transporte, la propuesta ayudaría a suplir el déficit de cerca de 9000 policías y 2500 motos que tiene la ciudad.
“Mientras logramos que el Gobierno Nacional destine más policías para Bogotá, es necesario usar de manera más eficiente el pie de fuerza que tenemos pues apenas tenemos 193 policías por cada 100.000 habitantes, el 40% menos de los que recomienda la Organización de Naciones Unidas (ONU), según la cual deberíamos tener 320 uniformados por cada 100.000 habitantes”, puntualizó.
