Una comisión de expertos independientes creada por el presidente Iván Duque para analizar los procedimientos de las operaciones militares en el país, recomendó al Gobierno fortalecer el control interno de la fuerza pública para prevenir conductas que violen los derechos humanos.
Así lo consigna la Comisión de Excelencia Militar en un informe entregado al jefe de Estado que también descarta que haya casos recientes de «falsos positivos», como se conocen a ejecuciones extrajudiciales de jóvenes cometidas por militares en la década pasada para presentarlos como guerrilleros muertos en combate, y de esta forma obtener de sus superiores permisos, condecoraciones y ascensos.
«Considera la Comisión que el fortalecimiento del control interno en las diversas áreas de la fuerza pública apunta a lograr mayores niveles de efectividad de la normativa operacional, hacer más visible su actividad y prevenir al máximo la ocurrencia de conductas apartadas del DIDH y el DIH», señala el documento.
La Comisión fue creada en mayo pasado por Duque y está conformada por el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Hernando Yepes; el expresidente de la Corte Constitucional, Mauricio González, y el exfiscal General Alfonso Gómez Méndez, que hicieron su trabajo ad honorem y de forma independiente.
En su momento Duque explicó que la decisión de crear la Comisión a raíz de las dudas generadas en «algunos sectores», en referencia al artículo del periodista Nicholas Casey, del The New York Times, en el que se revela una directriz que insta a duplicar el resultado en las operaciones militares, abriendo una puerta para que en el país se retomen los «falsos positivos».
La Comisión aseguró en una de sus conclusiones que «específicamente desde enero del 2019 hasta la fecha, no ha hallado queja, denuncia o noticia indicativa de la posible reproducción de este fenómeno atroz de los ‘falsos positivos’, cuya no repetición es un propósito nacional y de Estado que debe ser materia de la más continua y estricta vigilancia».
Igualmente, señala que en el marco del derecho militar vigente «no existen vacíos u omisiones del derecho operacional que permitan que haya actos o abusos de poder, uso indebido de la fuerza y homicidios fuera de combate, que puedan ser presentados como resultados operacionales».
Entre las recomendaciones al Gobierno, la Comisión que «es importante reexaminar y actualizar los sistemas de medición de resultados operacionales de la Fuerza Pública a la luz de las nuevas realidades del fenómeno criminal que se presenta en Colombia».
En esa dirección el presidente Duque escribió este sábado en Twitter que tendrá «en cuenta las importantes recomendaciones de la Comisión sobre la necesidad de reexaminar y actualizar los sistemas de medición de resultados operacionales de la Fuerza Pública, a la luz de las nuevas realidades de fenómenos criminales».
Frente a la protección de líderes sociales, la Comisión aconsejó que «los sistemas de medición de resultados operacionales deben incluir criterios expresamente vinculados al Plan de Atención Oportuna (PAO), en orden a la prevención, protección individual y colectiva de grupos amenazados (…) para continuar avanzando en la seguridad y protección de defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas».
La Fiscalía colombiana ha investigado hasta el momento cerca de 5.000 casos de «falsos positivos» que involucran a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014.
De estos, 2.200 casos fueron remitidos a la Justicia Especial para la Paz (JEP), que se encarga de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado y es la columna vertebral del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC el 24 de noviembre de 2016.
