En un nuevo intento de reclamar justicia en un país en el que más de 4,6 millones de personas negras han sido víctimas de todo tipo de violaciones de los derechos humanos, cinco organizaciones presentaron informes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en los que denunciaron las agresiones de las que han sido objeto.
A la JEP, encargada de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto en Colombia, le solicitaron «ayuda para que se generen las condiciones de garantías necesarias que permitan dialogar y que se acabe la confrontación», dijo Delis Palacios, del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá.
Ese remoto y selvático poblado, ubicado en el empobrecido departamento de Chocó, en la convulsa región del Pacífico, fue escenario de uno de los hechos más cruentos de más de medio siglo de conflicto armado.
Afrocolombianos piden detener derramamiento de sangre
El 2 de mayo de 2002 al menos 79 personas murieron, entre ellas 48 niños, y decenas quedaron heridas al caer en la iglesia del pueblo, en donde habían buscado refugio, una bomba lanzada por las FARC durante un combate con paramilitares.
La tragedia, que quedó marcada en la memoria de los colombianos, es el recuerdo permanente de que «no se debe derramar más sangre», comentó Palacios.
De hecho, el pasado 9 de mayo el Estado colombiano fue condenado por el Tribunal Administrativo de Chocó a pagar 312.564 millones de pesos (unos 95 millones de dólares) por el desplazamiento que se generó tras la masacre de Bojayá.
Precisamente, las organizaciones le aseguraron este jueves a la JEP que de esas 4.665.000 personas negras víctimas del conflicto dos millones fueron desplazadas de su territorio, lo que significa que casi el 50 % están desarraigadas.
Del lado oficial, cifras del Registro Único de Víctimas (RUV) creado por el Gobierno para restablecer la dignidad de los afectados por el conflicto, señalan que el hecho victimizante de mayor ocurrencia entre las comunidades negras es el desplazamiento forzado, con alrededor de 792.000 personas afectadas.
Los miembros de las comunidades negras en Colombia también han sufrido amenazas (41.000 casos reportados), homicidios (34.700 víctimas directas e indirectas), combates y hostigamientos (14.195 reportes) y delitos contra la integridad y la libertad sexual (2.584 casos).
Todo lo anterior ha generado una «desestabilización de las formas de vida de las comunidades», manifestó por su parte María Ángela Salazar, miembro de la Comisión de la Verdad creada por el acuerdo de paz firmado con las FARC en noviembre de 2016.
