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Capturan al zar del contrabando de ropa del país

Las autoridades colombianas capturaron este martes al contrabandista Salim Ricardo Yamhure Daccaret, conocido como «el zar del contrabando de textiles», al que atribuyen la creación de una red de importaciones y exportaciones ficticias para recibir beneficios tributarios.

Junto a Yamhure Daccaret también apresaron a René Romero Sánchez, uno de sus presuntos socios que figura como revisor fiscal de la empresa ficticia Imetex y quien firmó la documentación fraudulenta presentada ante las autoridades colombianas, detalló la Fiscalía en un comunicado.

Yamhure Daccaret era representante legal de la empresa Imetex y habría recibido exenciones en el pago de impuestos y aranceles tras simular durante 11 años el ingreso de insumos al país para fabricar textiles que después eran exportados como productos nacionales, supuestamente.

Según la información de Fiscalía, Yamhure Daccaret evadió presuntamente tributos por la importación de más de 19.000 toneladas de telas de Panamá, Hong Kong y China, y la exportación de 12.000 toneladas de textiles.

Las pruebas de fiscalía apuntan a que la materia prima entró con apariencia de legalidad a Colombia por los puertos caribeños de Cartagena y Barranquilla y por el de Buenaventura (oeste); pero no se habría utilizado para elaborar los productos que presuntamente habían exportado.

Imetex reportó 1.187 operaciones por valor de 129.000 millones de pesos (unos 41,6 millones de dólares) que se hicieron bajo exenciones arancelarias y del impuesto al valor agregado (IVA).

Así, este entramado fraudulenta generó pérdidas al Estado por 177.000 millones de pesos, unos 57 millones de dólares.

Ya en 2015 las autoridades colombianas sancionaron a esta empresa con el pago de 47.000 millones de pesos (15 millones de dólares) por no cumplir sus obligaciones tributarias.

En respuesta, Yamhure Daccaret cambió la razón social de la empresa y la registró con el nombre Prointexco, con el fin de desviar la atención de las autoridades.

Por ello, la Fiscalía imputó a los dos procesados como presuntos responsables de los delitos de contrabando, enriquecimiento ilícito, exportación ficticia y falsedad en documento privado.

El ente acusador solicitó prisión preventiva para los dos detenidos, mientras que las audiencias publicas se cumplen en Bogotá.

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