Un líder social del municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia (noroeste), fue asesinado hoy por desconocidos, con lo que ya van al menos siete defensores de derechos humanos víctimas de este crimen en Colombia esta semana.
Así lo confirmaron a Efe fuentes de la Policía de Antioquia, que explicaron que el suceso ocurrió a las 01.00 hora local (06.00 GMT) cuando desconocidos llegaron a la vivienda de José Fernando Jaramillo Oquendo, miembro de la Junta de Acción Comunal de Pascuita, en el caserío de El Torrente, y lo asesinaron a tiros.
Este homicidio hace parte de una nueva oleada de violencia contra los líderes que ha alarmado al país en la última semana, en la que se han registrado al menos siete asesinatos de estos dirigentes.
Uno de ellos ocurrió en el municipio de Cartagena del Chairá, en el departamento de Caquetá, donde fue asesinado Alexander Castellano, vicepresidente de la Asociación Campesina Para la Protección Ambiental.
«Es un hecho de violencia que condenamos, independientemente del grupo o de los motivos por los cuales asesinaron a Alexander, un destacado dirigente de la región de Cartagena», afirmó a periodistas Octavio Collazos, directivo del comité permanente para la defensa de los derechos humanos del Caquetá.
Otro de los casos es el de Ancízar Cifuentes Vargas, un líder social del municipio de Chaparral (Tolima) que fue encontrado sin vida en una carretera de esa población del centro del país luego de ser asesinado a tiros por desconocidos.
Margarita Estupiñán, de 54 años y quien era presidenta de la Junta de Acción Comunal de su barrio, fue asesinada a tiros en su propia casa situada en el corregimiento (territorio del Corregidor) de Llorente, que hace parte de Tumaco (Nariño).
Esos crímenes ocurridos en los últimos se suman a los de Ana María Cortés y Felicinda Santamaría, perpetrados esta semana en los departamentos de Antioquia y Chocó, así como al de Luis Barrios Machado en el Atlántico.
Las investigaciones de la Fiscalía señalan que los principales autores de estos asesinatos son el Clan del Golfo, la mayor organización criminal del país y heredera de los grupos paramilitares, además de otras bandas de delincuencia organizada.
«Tenemos que redoblar la defensa de los líderes sociales y de los ciudadanos de a pie que están siendo objeto de la acción de grupos al margen de la ley en los territorios del postconflicto», señaló el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, citado en un comunicado.
Según la Fiscalía, 178 líderes sociales han sido asesinados desde 2016, de los cuales 30 crímenes han sucedido en lo que va corrido de 2018.
Sin embargo, el balance más preocupante es uno de la Defensoría del Pueblo, según el cual entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2018 fueron asesinados 311.
