La Fiscalía colombiana imputará cargos contra dos oficiales, uno de la Policía y otro del Ejército, por la muerte de siete campesinos cocaleros en Tumaco, en un ataque que en un principio fue atribuido a disidentes de las Farc.
La decisión afecta al comandante del «Núcleo Delta» de la Policía Nacional y al comandante del «Pelotón Dinamarca I» del Ejército, a quienes imputarán los delitos de homicidio agravado y homicidio agravado tentado, detalló la Fiscalía en un comunicado.
La decisión fue tomada después de «los actos de investigación por parte de la Policía Judicial con base en los elementos materiales probatorios, las evidencias físicas y la información legalmente recolectada».
El pasado 5 de octubre murieron siete campesinos cocaleros que protestaban en Tandil, un remoto punto de Tumaco, contra la erradicación de matas de coca, hecho que inicialmente fue atribuido por las autoridades a una de las disidencias de las Farc pero sobre el que el Gobierno abrió una investigación por las acusaciones de los lugareños contra la Policía.
Días después, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ordenó al director de la Policía Nacional, general Jorge Hernando Nieto, el cambio de 102 miembros de esa institución destinados en Tumaco por excesos cometidos en las operaciones antinarcóticos a su cargo.
La Fiscalía tomó la decisión de imputar cargos a los oficiales con base en informes periciales de necropsia, dictámenes médico-legales, informes de trayectorias de proyectiles, informes de explosivos, así como declaraciones juradas y entrevistas.
A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio de Defensa acató «como siempre toda decisión de la Justicia» y mostró su esperanza de que la investigación de la Fiscalía «continúe y que en ella se valoren todas las pruebas, incluidos los distintos testimonios, para lograr total claridad sobre las responsabilidades».
Por otra parte, aseveraron que continuarán sus operaciones contra alias «Guacho», cabecilla de uno de los grupos disidentes de las Farc que delinquen en la zona de Tumaco, así como contra otros líderes del crimen organizado «que quieren atemorizar a las comunidades para preservar sus rentas provenientes del crimen».
