Hoy será un día clave para la Jurisdicción Especial para la Paz en la Cámara, donde esperan someterla a votación antes del 30 de noviembre, día en el que se vence el fast track. El tema de los delitos sexuales es uno de los más polémicos debido hay que opiniones encontradas sobre los castigos para quienes sean responsables de estos hechos.
En el último debate que se adelanta en la Cámara se propuso excluir de la JEP a quienes hayan cometido delitos sexuales con menores para que sean juzgados por la justicia ordinaria. Sin embargo, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, ha dicho que no es posible hacer esa modificación porque el proyecto de ley de la Jurisdicción Especial no modifica el código penal, así que la propuesta tendría que ser un trámite diferente.
Pero a raíz de la discusión en el Congreso empezaron a revivir casos de abuso sexual cometidos por diferentes actores a lo largo del conflicto armado, lo que removió nuevamente las fibras en los colombianos, quienes piden justicia.
Una investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica, publicada en el marco del primer año de la firma del acuerdo de paz con las Farc, se refirió a la violencia sexual como parte vertebral del conflicto y no como un efecto colateral de este.
Rocío Martínez, investigadora del Centro de Memoria, afirmó que «todos los actores armados han usado la violencia sexual, pero no todos lo han hecho de la misma manera ni con los mismos objetivos».
Según este informe, llamado ‘La guerra inscrita en el cuerpo’, revela que un total de 15.076 personas fueron víctimas de violencia sexual durante el conflicto comprendido entre 1958 y 2017.
De ese total, los paramilitares son los principales responsables con 4837 casos, que representan el 32,2 %, seguidos por las guerrillas, que acumulan 4.722 ataques (31,5 %). Pero los miembros del Estado también han cometido este tipo de delitos. A continuación mostramos solo dos casos de delitos sexuales que dejaron una huella imborrable en el país.
«Raúl Reyes», el número dos de las Farc que abusaba de las guerrilleras
El que fue número dos de la guerrilla de las Farc, alias Raúl Reyes, dado de baja en 2008, abusó sexualmente de las guerrilleras que lo escoltaban, a quienes “amedrentaba” para garantizar su silencio, según señala el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica.
La investigación incluye el testimonio de una excombatiente de las Farc que formaba parte de ese grupo y que denunció repetidos abusos sexuales contra ella y otras guerrilleras.
“A él le gustaba abusar de las muchachas que llevaba. Y pues no fui solo yo, cada niña que llegaba él las cogía para escolta”, relata ‘Gina’, exguerrillera que fue reclutada a los nueve años en Putumayo y que formó parte del grupo de escoltas de Reyes durante 16 años.
La víctima añade: “La primera vez que él quería estar conmigo y yo no quería, me pegó una cachetada y me insultó, me dijo que allá se hacía lo que él dijera no lo que nosotras quisiéramos”.
El estudio constata que en el país hubo más de 15.000 víctimas de violencia sexual en cinco décadas de conflicto armado, el 91,6 % de ellas mujeres.
Reyes, que fue el portavoz de las Farc en el fallido proceso de paz de El Caguán (1998-2002), fue el primer miembro del secretariado de esa guerrilla, hoy desmovilizada y convertida en partido político, en ser abatido por las Fuerzas Armadas, el 1 de marzo de 2008 en Ecuador.
El aberrante caso de Tame, Arauca
El del subteniente Raúl Muñoz es, tal vez, uno de los casos más aberrantes sobre violaciones del que se tenga conocimiento en el país. Por fortuna, hace un par de años la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 60 años de prisión en su contra por la violación de una niña y el asesinato de ella y sus dos hermanos.
Este macabro hecho fue cometido por el subteniente del Ejército Nacional en Tame, Arauca, en octubre de 2010. Pero, después de conocerse el caso, las autoridades descubrieron que Raúl Muñoz había violado a otra niña en el mismo municipio.
De esta manera fue que se le pudo acusar por los delitos de acceso carnal violento y triple homicidio agravado, condena que fue reafirmada por el Tribunal Superior de Bogotá el 18 de febrero de 2013.
El día que ocurrieron los hechos el subteniente cuidó la escena del crimen para no dejar rastros que condujeran a las autoridades hacia él. Sin embargo, una muestra de ADN en el cuerpo de una de las víctimas lo vinculó en la investigación. Luego, el testimonio de una de las sobrevivientes fue la pieza clave para condenarlo. Ella confesó que presenció la violación y muerte de los menores que fueron sepultados en una fosa común.
Como este caso hay miles reportados por las autoridades que, de hecho, podrían pasar a ser competencia de la Corte Penal Internacional si se llegan a declarar amnistiables por tratarse de un delito de lesa humanidad.
