Amnistía Internacional (AI) advirtió que el conflicto armado pervive en el Chocó, donde los grupos herederos del paramilitarismo y el Eln han ocupado los espacios dejados por las Farc tras la firma del acuerdo de paz.
En la presentación del informe «Continúan los años de soledad, Colombia: acuerdo de paz y garantías de no repetición en el Chocó», el secretario general de AI, Salil Shetty, dijo que la aplicación de la paz «es un desafío» y el acuerdo firmado con las Farc es una buena noticia que se ha sentido en muchos sitios del país.
Sin embargo, subrayó que hay regiones como Chocó donde el conflicto persiste, por lo que decidieron elegir para su estudio ese departamento en el que el 80 % de los ciudadanos vive bajo el umbral de la pobreza, el 60 % es víctima del conflicto y «se reconoce como una región étnica».
Con los datos del informe en la mano, explicó que en el último año, solo en ese departamento, se han presentado seis asesinatos de líderes sociales, 10.000 personas han sido desplazadas por el conflicto y muchas otras han quedado confinadas en sus comunidades.
«A pesar de la firma del Acuerdo de Paz, persisten casos de desplazamientos forzados colectivos, muertos o heridos con minas antipersona y asesinatos selectivos que han ocurrido tras la salida de las Farc del territorio y como consecuencia de la fuerte presencia del Eln en el departamento, y el reacomodo de estructuras paramilitares», detalla el informe.
Entre las preocupaciones que expresó Shetty está que el frente del Eln que opera en la zona ha aumentado sus enfrentamientos con paramilitares, especialmente con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, para evitar que se apoderen de los territorios que abandonaron las Farc.
Por todo esto, el informe expresa como recomendaciones al Estado «desmantelar todos los grupos paramilitares e investigar sus vínculos con las fuerzas de seguridad, garantizar que los pueblos indígenas y afrodescendientes en situación de desplazamiento forzado reciban la asistencia adecuada y mejorar la seguridad de los líderes sociales”.
Shetty contó que se reunió con el vicepresidente Óscar Naranjo, quien le aseguró que las recomendaciones de AI «están en línea con el trabajo del Gobierno».
Al ser preguntado por cuál considera que es el vínculo con el paramilitarismo que pide investigar, comentó que «no es una política de Estado», pero quiere que se conozca mejor cómo funciona porque «pueden actuar con total libertad» en el territorio del Chocó.
En este sentido, destacó que hacen esas afirmaciones con base en los testimonios que han recabado sobre el terreno.
A la presentación fue invitada Gloria Luna Rivillas, vocera de las comunidades afrocolombianas del Chocó, quien afirmó que «en el Chocó la guerra sigue», lo que, en su opinión, se puede ver «cada día».
«Los territorios que dejó las Farc han sido ocupados por otros grupos armados», sostuvo Rivillas, lo que ha traído nuevas violaciones a los derechos humanos.
También tomó la palabra el vocero de las comunidades indígenas del Chocó Lino Membura Carpio, quien se sumó a la opinión de que «la guerra no cesa» en ese departamento.
Membura se refirió al asesinato del gobernador indígena Aulio Isarama Forastero el pasado 24 de octubre por el Eln, grupo que se encuentra actualmente en cese el fuego con el Gobierno y en plenos diálogos de paz.
Pese al asesinato, pidió que no se levante el cese el fuego y que se prolongue más allá del 9 de enero, cuando originalmente está previsto que termine. Además, pidió que se inicien las labores de desminado humanitario para poder mejorar el tránsito.
