La Fiscalía del estado brasileño de Santa Catarina encontró indicios de que la aerolínea LaMia, responsable del avión en el que viajaba el club de fútbol Chapecoense que se estrelló en Colombia, no pertenece a los dueños que aparecen en el contrato, informaron medios locales.
El portal G1 tuvo acceso a las investigaciones de la Fiscalía de Santa Catarina, en las que se apunta la presencia de la venezolana Loredana Albacete, responsable de una empresa que recibiría, a través de una cuenta en Hong Kong, los 140.000 dólares correspondientes al vuelo entre Santa Cruz de la Sierra y Medellín.
De confirmarse que los dueños de LaMia no son los bolivianos Miguel Quiroga (piloto del avión que falleció en el accidente) y Marco Antonio Rocha (prófugo), podría haber un importante cambio en la batalla judicial que tienen las familias de las víctimas por el pago de las indemnizaciones.
El accidente se produjo la madrugada del 29 de noviembre de 2016, cuando el avión de LaMia que transportaba la expedición del Chapecoense a Medellín, donde debía jugar la final de la Copa Sudamericana de fútbol ante el Atlético Nacional, se estrelló a pocos kilómetros del aeropuerto tras quedarse sin combustible.
En el accidente murieron 71 personas y otras seis resultaron heridas.
La Fiscalía de Santa Catarina (estado brasileño en el que se encuentra Chapecó, donde juega el Chapecoense), encontró documentos que muestran que la negociación para el alquiler del avión tuvo la participación de Loredana Albacete, hija del exsenador venezolano Ricardo Albacete.
Según la Fiscalía, la descubierta refleja «la veracidad de las sospechas divulgadas por la prensa, de que los verdaderos propietarios de esta compañía aérea puedan no ser los bolivianos que figuran en sus actos constitutivos».
La investigación fue enviada a la Fiscalía General de Brasil, para que la mande a los Ministerios Públicos de Colombia y Bolivia, aunque no vincula estos hechos con el accidente.
En el caso de comprobarse la relación de los Albacete con la negociación del vuelo, podría colocarla como responsable solidaria en un eventual pedido de indemnización en la Justicia.
En cualquier caso, sería el Chapecoense quien debería entrar en una acción en la Justicia contra los venezolanos, en la llamada «acción de regreso», cuando alguien condenado a pagar una indemnización acciona una tercera parte para resarcir perjuicios.
Casi un año después de la tragedia, las familias de las víctimas no han recibido aún ninguna indemnización.
El Chapecoense pagó un seguro obligatorio y el seguro contratado para los jugadores y trabajadores, pero los familiares de las víctimas pueden demandar al club y, según el abogado que los representa, podrían llegar a pedir hasta 400 millones de dólares, importe muy superior a los 3 millones de dólares de patrimonio que el club alega tener.
Por su parte, la empresa aseguradora de LaMia, la también boliviana Bisa, se niega a pagar un seguro de 25 millones de dólares al entender que el piloto y dueño de la empresa voló deliberadamente sin el combustible necesario, colocando en peligro la seguridad del avión y de los pasajeros.
Bisa ofreció 200.000 dólares a cada familia de las víctimas por «razones humanitarias» siempre que acepten desistir de procesar personas vinculadas a la aerolínea, algo que fue rechazado.
En los próximos días, las autoridades de la aviación civil colombiana deben divulgar el informe final del accidente, cuya versión preliminar apuntaba que la avioneta carecía del combustible necesario para volar entre Santa Cruz de la Sierra y Medellín.
