La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia acusó a Procter & Gamble, Postobón, Carbones del Cerrejón y Equión Energía, marca de BP Exploration Company en el país, de haber incurrido en presuntas conductas anticompetitivas por las que podrían enfrentar multas de hasta 25 millones de dólares.
El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, explicó a Efe que su despacho imputó cargos a estas empresas «por presuntamente haber violado la libre competencia» a raíz de «conductas que habrían limitado, restringido u obstruido la libre circulación de las facturas» emitidas por sus proveedores.
De esta forma se le restringía a los proveedores «el acceso a liquidez al no permitirles negociar o descontar libremente sus facturas con terceros», práctica conocida como «factoraje».
La superintendencia formuló además cargos contra 15 ejecutivos de las empresas investigadas «por presuntamente haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado las conductas anticompetitivas».
Robledo explicó que las empresas y los ejecutivos tienen 20 días a partir de la notificación del pliego de cargos para ejercer su derecho a la defensa «presentando descargos, dando las explicaciones que a bien tengan» y «aportando las pruebas que consideren pertinentes».
De ser halladas culpables, las empresas podrían enfrentar cada una multas de hasta 75.000 millones de pesos aproximadamente (unos 25 millones de dólares).
Por este caso también fueron señaladas las auditorías Deloitte & Touche, Pricewaterhousecoopers, Ernst & Young y KPMG «por presuntamente incumplir parcialmente con su deber legal al no pronunciarse en su dictamen anual de revisoría sobre la constancia que debió dejar la administración de las empresas investigadas, de no haber entorpecido la circulación de las facturas emitidas por sus proveedores».
Según el superintendente, las personas naturales y las empresas de revisoría fiscal, «a quienes se le imputó como facilitadores de la conducta», pueden enfrentar multas de «hasta 500.000 dólares».
«Esta conducta lo que hace es atentar gravemente contra el derecho de las empresas a acceder a mecanismos que les permitan liquidez», aseguró Robledo, quien añadió que las firmas y bancos que hacen «factoring» o «factoraje» también son afectadas por este hecho, ya que circulan menos facturas.
El funcionario consideró que las «grandes víctimas» de esta conducta son los empresarios, en especial los micro, pequeños y medianos «que necesitan liquidez y por ende necesitan negociar con terceros las facturas antes de su vencimiento».
Robledo aseguró que esta es la primera investigación en el país que «tiene como origen una imputación de violar la libre competencia derivado de prácticas de restricción de la libre circulación de facturas», pero advirtió que hay otras 15 empresas que están en indagación preliminar.
«Es una práctica ilegal que pareciera tener cierto nivel de penetración en la práctica empresarial, o sea, no es tan aislado», alertó.
