La Oficina del Alto Comisionado para la Paz reconoció la condición de integrante de las Farc de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, quien permanece preso en Estados Unidos desde 2004 y pidió este mes someterse a la Justicia Especial para la Paz (JEP) que se encargará de juzgar los crímenes cometidos en el conflicto armado.
Según el despacho, en ejercicio de sus facultades legales para acreditar a los miembros de la guerrilla recibió de parte las Farc un listado en el cual estaban incluidos, además de Simón Trinidad, Jorge Enrique Rodríguez Mendieta, alias Iván Vargas, y Omaira Rojas Cabrera, alias Sonia.
«Una vez realizado el proceso de verificación y suscrita el acta de compromiso de no volver a delinquir ni levantarse en armas en contra del Estado, el Alto Comisionado para la Paz reconoció su condición de integrantes de las Farc», precisó la fuente oficial en un comunicado.
En consecuencia, agregó, «el Gobierno nacional se encuentra surtiendo el trámite de acreditación a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia«.
Sin embargo, el despacho precisó que el Gobierno «no ha solicitado, como erróneamente se ha informado, la repatriación de dichas personas».
Simón Trinidad fue capturado en Ecuador en 2004 y extraditado a Estados Unidos, donde recibió una condena de 60 años de prisión por su participación en el secuestro de tres estadounidenses.
El pasado 16 de octubre Trinidad firmó el acta para someterse a la JEP, confirmó ayer el senador Iván Cepeda.
El paso a seguir ahora que el Gobierno lo acreditó como integrante de las Farc es que la secretaría ejecutiva de la JEP acepte su sometimiento.
Por su parte, alias Sonia fue capturada por las autoridades de Colombia el 10 de febrero de 2004 y extraditada ese mismo año a EE.UU., en donde fue acusada de negociar el transporte de drogas ilícitas con traficantes peruanos y brasileños.
En cuanto a alias Iván Vargas, se sabe que fue arrestado a finales de 2004 y enviado a Estados Unidos el 3 de noviembre de 2007 bajo cargos de narcotráfico.
La Justicia Especial para la Paz será la encargada de calificar jurídicamente las conductas graves cometidas por los actores del conflicto armado bajo las normas del Código Penal Colombiano, el Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos (DIDH), el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el Derecho Penal Internacional (DPI).
Las sanciones establecidas en la JEP van desde cinco años de restricción efectiva de la libertad hasta 20 años de cárcel, dependiendo de su aporte a la verdad para los guerrilleros y los terceros.
Para los agentes del Estado las penas serán simétricas y se cumplirán en guarniciones militares.
