Podríamos decir que el pasado jueves 5 de octubre fue un día cruel para Tumaco por la masacre de seis campesinos cocaleros que se manifestaban, pero la realidad es que para Tumaco en más de 30 años no ha existido un día de paz porque sus territorios han sido, obligatoriamente, hospedaje de la guerra.
Mientras en Colombia la gente andaba cabizbaja por la derrota de la selección Colombia, en Tumaco, los campesinos lloraban sus muertos y curaban sus heridos, en un enfrentamiento que las autoridades comunales aún no comprenden.
Hacia las 11 de la mañana de ese día, campesinos de Tumaco se manifestaron fuertemente en contra de la erradicación de los cultivos de hoja de coca que abundan en la región, la más implicada en el caso de hectáreas registradas en cifras oficiales, Ejército y Policía Antinarcóticos hacían frente porque iban a eliminar de manera forzosa, la coca por la que Donald Trump amenazó a Colombia con descertificarla hace menos de un mes.
En medio de las protestas de los campesinos que encontraron en ese monocultivo un modo de supervivencia ante las pocas posibilidades de producir algo más en la región, sin esclarecimiento de los hechos, balas atravesaron los cuerpos de los locales y la vida abandonó a seis de ellos.
En un inicio, la versión oficial del Ejército y del Gobierno Nacional, fue la que, parece, se volvió el perfecto comodín: “fueron las disidencias de las Farc”. La información fue tan segura, que medios de comunicación no intentaron contradecir que cilindros bomba, al mejor estilo del inicio del siglo XXI, habían sido explotados y que esto había ocasionado las muertes.
Sin embargo, la información cambió de rumbo cuando se conoció que ningún efectivo de la Fuerza Pública había resultado muerto o herido, del que pintaban como un combate cuerpo a cuerpo por la defensa del territorio que es de nadie, que todos quieren tener, pero del que nadie quiere hacerse cargo. Las sospechas sobre la versión inicial crecieron a medida en que en redes sociales como Twitter y Facebook se hicieron virales manifestaciones de campesinos, en las que aseguran que su victimario, su verdugo y opresor no era ningún agente por fuera de la ley, sino el que debiera ser su protector y el garante de sus derechos: la Policía Nacional, por medio de su división Antinarcóticos.
Seis campesinos fueron asesinados a mansalva por efectivos policiales, que según el pueblo de Tumaco, lleva oprimiéndolos desde el lunes cuando llegaron a erradicar cultivos y no a sustituir, como les había prometido el presidente Juan Manuel Santos, tras la firma de los acuerdos de paz con las Farc, quienes fueran amos y señores del territorio nariñense en sus tiempos más sombríos.
El Gobierno Nacional no escatimó esfuerzos para salir a la televisión y ofrecer una jugosa recompensa de $150 millones de pesos por la ubicación del supuesto criminal que habría perpetrado el asesinato de los civiles involucrados en la manifestación “del estallido de la coca”.
De inmediato, el vicepresidente Óscar Naranjo se dirigió al terreno para evaluar lo sucedido. Pidió esclarecer los hechos y visitó varios barrios afectados de Tumaco, como diciendo: “aquí está tu Gobierno, presente en tu tragedia”, pero a pesar de la visita oficial, nada pareció mejorar, pues según fuentes, la tensión se podía cortar con un cuchillo: enfrentamientos, desplazados, víctimas, y familias enteras viven la crudeza de la guerra que nunca ha abandonado a Tumaco.
La paz de Santos, que cayó como un refresco ante tanta crueldad soportada por años, pareció golpear con toda su fuerza a las protestas de quienes le piden que les reemplace la coca por otra cosa para no morirse de hambre y es que ya la han vivido en un período llamado ‘La sequía’, un lapso en el que las Farc, garantes de la compra de la pasta de la coca, abandonaron las tierras para asentarse en las zonas veredales, lo que dejó a los pobladores sin con qué alimentar a sus familias.
La confirmación de los hostigamientos
Mientras se producía esta nota, una denuncia se viralizó como pólvora en el aire.
Una misión de verificación de los hechos, compuesta por miembros de la Organización de las Naciones Unidas, varias ONG y periodistas que acompañaban para el registro de los hechos, fue hostigada por miembros de la Fuerza Pública, que los atacaron por querer ingresar a un territorio en el cual querían comprobar que no hubiera otro cadáver.
En un video difundido en internet se ve el momento en el que varias personas se resguardan de los que parecen ser disparos al aire y granadas de aturdimiento, que fueron lanzadas por los policías antinarcóticos, hecho que fue aceptado, por la misma Policía que expidió un corto y escueto comunicado en el que admitió y pidió disculpas sin aclarar las circunstancias.
Naranjo, pidió justicia a su modo. Que los policías fueran suspendidos, mientras se esclarecían los infortunados hechos, en vez de pedir un proceso judicial para proteger al pueblo que representa.
Uno de los líderes comentaba que no entendía el porqué de los hechos y la presión del Gobierno, de una manera tan desmedida, y la verdad es que pareciera obedecer a una presión mucho más grande, la de Donald Trump y su comitiva de ‘regaños’ para el país y el miedo que infundió con una sanción si el número de hectáreas de coca no se reduce considerablemente para finales del año.
Pero la primera causa de este baño de sangre, que ha dejado familias desmoronadas es, en definitiva, el incumplimiento de los acuerdos de paz con las Farc, lo cual ha resquebrajado el territorio nacional en una guerra por quién se queda con la coca del país, si el Gobierno para eliminarla o los grupos al margen de al ley para explotarla.
El informe de la Defensoría del
Pueblo y las exigencias al Gobierno
Luego de perpetrada la masacre en Tumaco, una misión humanitaria de la Defensoría, en cabeza del vicedefensor del Pueblo, Jorge Calero, se movilizó hacia el lugar de los hechos y tras evaluar los sucedido expidió un informe en el cual aseguran que no encontraron evidencia sobre un ataque de grupos al margen de la ley y que tras recoger testimonios, parecían estar ante una masacre perpetrada por el Estado en manos de su brazo armado, la Policía Antinarcóticos.
Tras evaluar la situación, la entidad pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría, aclarar los hechos de manera oportuna, e impuso una especie de tareas al estado para mitigar la crisis en Nariño. “A la Policía Nacional, rendir un informe exhaustivo y detallado” sobre lo sucedido, “a la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto, establecer el cronograma de actividades concertado para la sustitución de cultivos ilícitos en Tumaco”, protección para las víctimas y ayuda humanitaria, además de mecanismos de reparación integral a los afectados y evaluación de riesgo para la población tumaqueña.
