El Chocó, históricamente afectado por el olvido estatal, es escenario de una fuerte disputa por territorios de los que salieron las Farc y una prueba de los retos que tiene Colombia antes de ver cristalizada su pacificación.
Seis meses después de concretarse un acuerdo de paz con las Farc, esta región, que hace frontera con Panamá y tienes costas en los océanos Atlántico y Pacífico, ha visto multiplicadas sus tribulaciones por las disputas entre la guerrilla del Eln y bandas criminales de origen paramilitar.
Conforme avanzan los choques entre bandos crecen las denuncias de desplazamientos e intimidaciones a las comunidades y ganan terreno delitos como la explotación minera ilegal que amenaza el río Atrato, el tercero navegable del país después del Magdalena y el Cauca, y el secuestro, el más reciente perpetrado el pasado domingo.
Ese día presuntos integrantes del Eln retuvieron a ocho personas que fueron puestas en libertad dos días después ante la presión de la tropa.
«El Chocó está en una condición de infrahumanidad», dijo a Efe Dilon Martínez, secretario ejecutivo del Comité Cívico Departamental por la Salvación y Dignidad del Chocó, organización que lidera desde el pasado miércoles una huelga indefinida para exigir al Gobierno que cumpla con los compromisos que asumió en agosto del año pasado.
En concreto, el Gobierno prometió atender las necesidades en temas como educación, vías, salud, la controversia por los límites de la localidad de Belén de Bajirá, servicios públicos, deportes, alternativas productivas, reingeniería institucional, comunicaciones y políticas públicas, derechos humanos y seguridad.
Pero, según Martínez, el Gobierno «no ha cumplido sino un 5 %» del acuerdo después de ocho meses, lo que llevó nuevamente a las calles a los habitantes del Chocó, un departamento que cerró 2015 con un índice de pobreza extrema de 37,1 % y de pobreza del 62,8 % frente al 7,9 y 27,8 % que tiene el país, según cifras oficiales.
Martínez lamentó igualmente que ese departamento afronta «más conflictos» que los que tenían antes del proceso de paz.
«Los espacios que dejó las Farc están siendo ocupados por otras fuerzas al margen de la ley, lo cual tiene a muchas comunidades rurales nuestras confinadas y no pueden siquiera acceder a los alimentos y menos a la movilidad libre», denunció.
El dirigente apuntó que, además de los problemas de seguridad, sufren la falta de infraestructura educativa y de salud, extremo que obliga a muchos pacientes a salir a otras regiones del país por vía aérea, ya que en el Chocó, un territorio en su mayor parte selvático, las carreteras son escasas y están en malas condiciones.
«Tenemos un contexto de crisis humanitaria muy grave, porque no solamente el conflicto armado interno está matando y poniendo en riesgo los derechos de la población civil sino también un vacío o una debilidad en la garantía de derechos que está en cabeza del Estado», advirtió el defensor del Pueblo en Chocó, Luis Murillo.
Para el funcionario, el posconflicto «no se ha sentido en el Chocó», debido al «incremento de acciones de grupos armados ilegales que ponen en riesgo la vida de las comunidades».
«A partir de la salida de las Farc de los territorios que históricamente tenían controlados, se ha exacerbado el conflicto armado interno entre el Eln, que ha pretendido también copar esos espacios, y la avanzada fuerte de un grupo armado ilegal posdesmovilización», que son las Autodefensas Gaitanistas, que derivaron en la banda criminal el Clan del Golfo, apuntó.
Murillo advirtió también que los ataques contra integrantes de la fuerza pública «están expresando un total agravamiento del contexto humanitario» y del conflicto armado interno.
«Esto ha arrojado en cuatro meses de este año más del doble de las víctimas que tuvimos en los años anteriores, hablando en términos de confinamiento, de desplazamiento, de secuestrados, de accidentes por artefactos explosivos y de afectaciones e intimidaciones a líderes y lideresas sociales», añadió.
Y así mientras gran parte de Colombia da los primeros pasos hacia la reconciliación, el Chocó, un rincón con el que el Estado tiene una histórica deuda social, le recuerda al país que como, reza el refrán, «del dicho al hecho, hay mucho trecho».
