No hubo disparos. Nadie que no estuviera presente supo que lo que pasaría en Mapiripán el 20 de julio de 1997. Como el Salado, fue una masacre silenciosa, pero dolorosa. A causa de la incursión de las Autodefensas Unidas de Colombia en el pueblo, murieron degolladas 49 personas, que según el general Jaime Humberto Uscátegui, fueron solo cuatro, tres asesinados y un desaparecido.
La historia es clave para entender el papel de Uscátegui en el proceso que lo ha tenido privado de su libertad por más de 18 años y que hoy lo tienen a las puertas del desligue del proceso penal, gracias a que se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta semana se conoció que sería el primer liberado tras acogerse, pero resuena en las cabezas de quienes quisieron hacer justicia por ese olvidado municipio del Meta, que no pedirá perdón.
En entrevista con medios de comunicación, Uscátegui aseguró que se sometió a la JEP con miras a «gozar de los beneficios que esta le ofrece», pero que en definitiva no pedirá perdón porque no es culpable de nada «los inocentes no tienen porqué pedir perdón». El general, que fue condenado a 37 años de prisión por la supuesta coautoría y colaboración a los ‘paras’ para llevarla a cabo, por medio de la omisión y haberse hecho el de la vista gorda, no pedirá perdón y no aceptará los cargos que le imputaron, pero lo que sí es cierto es que será beneficiado de la JEP, que en algún momento pretendía ser el mecanismo para la reparación y el conocimiento de la verdad por parte de las víctimas.
“En primer lugar, un inocente no tiene por qué pedir perdón. Un inocente no tiene de qué arrepentirse. En segundo lugar, llevo tratando este tema desde 1999 y tratando de defenderme. He sido el que más he aportado a la verdad”, aseguró Uscátegui.
Uscátegui será el primer militar liberado por causa de la JEP. Afrontará un proceso que lo alejará del Cantón Norte en donde pagaba su condena de 37 años por la masacre de Mapiripán. Las víctimas han puesto el grito en el cielo y buscan que siga sus procesos por medio de la justicia ordinaria. Interpondrán una tutela porque no fueron informados sobre la situación.
«Es indignante porque él se hace pasar por víctima de un proceso en el que las víctimas somos nosotros. El general no ha dicho la verdad y no ha pedido perdón, y eso es lo que nosotros requerimos, que al menos nos dé la cara», dijo la vocera de los afectados, Marina Sanmiguel.
