Los males que comparten el Chocó y Buenaventura por el conflicto en el Pacífico

Diferentes comunidades afros e indígenas del departamento del Chocó y Buenaventura, en el Valle del Cauca, no sienten que la paz haya llegado al país. O por lo menos eso no sucede en sus regiones.

Desde el momento en el que las Farc empezaron a salir de los territorios que controlaron durante décadas, aparecieron las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y miembros del Eln con la intención de ocupar esas zonas y empezar a manejar los cultivos ilícitos, los negocios del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

Las disputas entre ambos grupos y las intimidaciones a la población fueron aumentando a medida que pasaba el tiempo hasta llegar a cometer graves violaciones a los derechos humanos.

Fue así como en las zonas rurales de Buenaventura y en diferentes poblaciones de Chocó se hicieron evidentes los homicidios, masacres, secuestros, desplazamientos, confinamientos y amenazas en tiempos de posconflicto.

Por estos hechos, la semana pasada la Defensoría del Pueblo convocó una reunión de alto nivel con autoridades nacionales y regionales para encontrar respuestas efectivas a las condiciones estructurales que persisten en materia de agua potable, salud, educación, comunicaciones, generación de ingresos, sustitución de cultivos ilícitos y, sobre todo, seguridad. Pero, más allá de las conclusiones a las que llegaron en la cita que se cumplió el pasado jueves, lo que pidió la entidad al Gobierno es que revisen y cumplan los compromisos que anteriormente adquirieron con las comunidades.

El defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, indicó que a pesar de los esfuerzos de las autoridades en materia de seguridad en las zonas rurales, se observa una expansión de las AGC y el Eln en estos territorios.

Problemáticas que no desaparecen

Más allá de las disputas, otros factores que contribuyen al conflicto son las condiciones de vulnerabilidad social y económica que vive la población del Pacífico y sobre las cuales la Defensoría también alertó por la persistencia de estas problemáticas y la débil respuesta de las instituciones del Estado para atenderlas.

“Ojalá nos acojamos todos a la paz y que se acabe este problema y que nos dejen trabajar en el campo. Nosotros queremos estar en el campo”, dijo al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) una mujer desplazada del Chocó.

Es por esto que los constantes enfrentamientos sumado a la difícil situación económica hace más complicado el retorno de las comunidades a sus zonas.

“Esta situación ha causado un impacto humanitario que se evidencia en las afectaciones a los derechos a la vida, libertad e integridad, a causa de amenazas, homicidios, masacres y secuestros, desplazamientos masivos y confinamiento de comunidades; al igual que las graves afectaciones socio-ambientales causadas por la minería ilegal y los cultivos ilícitos”, señaló la Defensoría.

Además, recomienda establecer de manera urgente una intervención para el departamento del Chocó y el distrito de Buenaventura a fin de que se adopten las medidas necesarias para atender de manera integral y efectiva las problemáticas humanitarias que se presentan en la zona y pidió que se revisen los compromisos gubernamentales adquiridos con la población.

Confinamiento

No solo es el desplazamiento un problema. El confinamiento que viven algunos pobladores también lo es.

Según el CICR, muchas de estas comunidades sufren una situación de confinamiento ante el temor de ser atacados por los grupos ilegales o de ser víctimas de la explosión de las minas antipersonales que dejan en la región.

“La situación amenaza sus opciones de alimentación, ya que les impide acceder a sus cultivos, cazar o pescar”, explicó la Cruz Roja.

Apolinar Mosquera, recientemente desplazado por los enfrentamientos y artefactos explosivos sembrados cerca de su vivienda en Chocó, dijo al CICR: “Resulta que el enfrentamiento de los grupos causan pánico en las comunidades, más enseguida minan todo el territorio y al minarlo la gente no puede transitar dentro de su propio territorio para realizar sus prácticas tradicionales”.

Esta semana el CICR llegó al territorio para atender los desplazamientos masivos de diferentes comunidades y entregó 30 toneladas de comida a las familias desplazadas y a las confinadas.