Según la entidad, al menos 176 personas, entre ellas 76 niños, tuvieron que dejar sus casas, ubicadas enel caserío Boraudó, que hace parte del municipio de Lloró.
Por esa razón la Defensoría advirtió sobre un «nuevo escenario de riesgo por posibles vulneraciones a los derechos humanos» y pidió al Gobierno adoptar las medidas necesarias y urgentes de prevención y protección en favor de la población de esa selvática región.
«El episodio más reciente está relacionado con enfrentamientos entre integrantes de las Autodefensas Gaitanistas o Clan del Golfo con estructuras del Eln, cerca al corregimiento Boraudó, algunos de cuyos habitantes huyeron desplazados por temor hacia Yuto, cabecera municipal del Atrato», informó la Defensoría.
En el grupo de desplazados hay también dos madres lactantes, añadió la información, según la cual en Boraudó miembros del Clan del Golfo que se movilizan en motocicletas y portan fusiles hacen disparos al aire, generando zozobra en la comunidad.
La Defensoría pidió además a la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas del Ministerio del Interior medidas urgentes de prevención y protección en favor de las comunidades, no sólo de quienes abandonaron sus lugares de origen, sino de los 580 pobladores de Boraudó.
Por presión de la banda criminal, a mediados de julio fue suspendido en la zona el servicio de transporte público terrestre y fluvial por el río Atrato, y el comercio tuvo que cerrar sus puertas, dijo la entidad.
