Según el Ministerio Público, los uniformados “frecuentaron tiendas, cantinas, ventas de comida y algunos ingirieron bebidas alcohólicas y participaron de juegos de billar, de azar y hasta establecieron relaciones sentimentales con mujeres de la comunidad; situación que fue aprovechada por las Farc para sorprenderlos y avasallarlos”.
También permanecieron por más de 24 horas en la vereda la Esperanza y luego de ser vistos por la población civil no implementaron medidas de seguridad.
Aunque la entidad aclaró que los autores intelectuales y materiales de las muertes, ocurridas el 14 de abril del 2015, son las Farc, calificó de graves y gravísimas las faltas cometidas por los altos mandos del Ejército.
La investigación determinó que los directivos de la Compañía Coloso omitieron sus deberes de control y supervisión, ya que no tomaron acciones correctivas para enfrentar la indisciplina de los uniformados que conformaban ese grupo.
En la masacre fallecieron 11 soldados y otros 20 resultaron heridos.
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Por estos hechos, la Procuraduría formuló pliego de cargos en contra del comandante de la Brigada Móvil 17, coronel Pedro Antonio García Vásquez; comandante del Batallón de Combate Terrestre 110, mayor Andrés Celemín Celis; oficial de operaciones de la Brim-17, teniente coronel Manuel Fernando Celis López; y de los comandantes de la Compañía Coloso: el cabo Rodolfo Díaz Donoso; el cabo primero Wilder Camilo Aguilar Sánchez; el cabo tercero Merbyn Adrián Jaramillo Marín; el cabo segundo Diego Corredor Montes, el cabo Alfonso Carvajal cuadros; y cabo tercero Juan de Jesús Torrado León.
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