Dilma Rousseff perde o mandato e Michel Temer toma posse ainda hoje https://t.co/rODCLnLPiw pic.twitter.com/jJ1HbIbeLi
— Senado Federal (@SenadoFederal) 31 de agosto de 2016
El senado de Brasil decidió destituir a Dilma Rousseff, primera mujer en llegar a la presidencia del país. Esto fue en la votación por el juicio político, el cual fue aprobado por 61 votos.
Este proceso de destitución termina con el mandato de la presidenta, y con 13 años de gobierno del Partido de los Trabajadores, que llegó al poder de la mano de Lula da Silva.
La votación en el Senado de Brasil terminó con 61 votos a favor de la destitución y 20 en contra, por lo que hoy, la mandataria de 68 años de edad y quien fuera suspendida en mayo pasado, tendrá que dejar definitivamente el Palacio de Planalto, que fuera su oficina desde hace seis años, o sea, dos mandatos y medios.
«Estamos a un paso de la concretización del golpe de Estado», explicó Dilma hace unos días mientras ejercía su defensa en el Senado, una sesión en la que ofreció un discurso de aproximadamente 45 minutos y en cuya sesión de preguntas y respuestas se extendió hasta 14 horas.
Así, las riendas de Brasil quedarán a cargo de Michel Temer, quien asumirá la presidencia del país. Él fue vicepresidente Dilma Rousseff y es del opositor Partido Movimiento Democrático de Brasil (PMDB). Poco antes del proceso del impeachment, Temer decidió romper relaciones políticas con Dilma y ella lo acusó de traidor y de «encabezar el silencioso golpe de Estado».
¿De qué se le acusó?
El origen de la destitución de Dilma está en la denuncia de tres abogados, quienes la acusaron de maquillar las cuentas públicas y de hacer trampas con el presupuesto mediante un enredado mecanismo de préstamos públicos.
En pocas palabras: Al gobierno de Dilma Rousseff se le acusa de tardarse en reembolsar el pago efectuado por un banco público a un programa estatal, esto -según sus detractores- con el objetivo de beneficiarse en la campaña de su reelección.
La defensa de Dilma Rousseff insistió que esto no es delito ni una práctica fuera de lo común: «Todos los presidentes anteriores lo han hecho». Mientras que quienes la acusan defienden las instituciones y que «nadie está por encima de la Ley». En palabras de Nelson Barbosa, un exministro de Economía: «Ustedes decidieron que hubo un crimen y luego buscaron qué delito fue».
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