A semana y media de la posesión del presidente electo Iván Duque Márquez, conocimos el llamado a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez, lo que sorprendió, pues por muchos pasillos fue conocido que la Corte se estaría moviendo de manera rápida para imponer abruptamente una medida de aseguramiento en contra del expresidente. La treta viene de poco antes de 2012, cuando el supuesto defensor de derechos humanos visitaba cuanto centro de reclusión existiese buscando supuestos testigos en contra de Uribe. En 2014 ya se conocían los primeros indicios de que esto pasaría, pues para entonces el supuesto testigo en contra de Álvaro y Santiago Uribe brindaba con whisky en un patio de La Picota, por la inminente captura de Santiago.
A poco menos de un año de la celebración con whisky en La Picota –en donde el supuesto testigo y el defensor de derechos humanos decían entre risas y lisonja: “Así traemos a Uribe para aquí”, haciendo gestos con sus manos, como quien trae algo con un lazo y en referencia a la captura de Santiago– vino la captura y con ello un mar de contradicciones y mentiras procesales. La treta contra Uribe es una mafiosa conspiración como revancha a quien combatió con vehemencia y sin descanso a las Farc y al narcotráfico, una alianza que no solo ha dejado millones de muertos en Colombia, sino un mensaje negativo para las generaciones venideras.
A pocas horas del llamado ilegal y violatorio al debido proceso mediante engaños a la Corte, se conoció de la muy probable treta que existe en contra de Uribe por ser un muro de contención en contra del socialismo del siglo XXI y las Farc. Según las fuentes, se trataría de unas grabaciones que estarían en poder de la DEA, en donde estaría registrada la operación de dar dádivas económicas con el ánimo de promover una orden de captura, la cual iría en principio en contra de Álvaro Uribe y varios miembros del partido mayoritario en el Congreso. Las grabaciones contienen lo que sería la entrega de cinco millones de dólares, repartidos entre miembros de dicho órgano judicial, para dar un ‘golpe institucional’ al gobierno entrante.
En 2014, en el libro La trampa del elefante. La verdad desnuda de las Farc en La Habana, se habían revelado algunos documentos inéditos en donde se demostraba la inexistente voluntad de desmovilización de las Farc. En dichos documentos también se demostraba la firme intención de desestabilizar a Colombia, llevar a la cárcel a Uribe y que los planes de paz, reinserción, entrega de armas y menores reclutados fueran hipotéticos como ellos indicaban. Nunca pensaríamos que a escasos días del cambio de gobierno se pretenda dar semejante golpe democrático, para darle tono de legalidad a lo que sería una operación orquestada por el más grande cartel de droga del mundo, las Farc.
La DEA venía siguiéndole los pasos muy de cerca a esta organización, antes, durante y después de la firma de los acuerdos de La Habana, pues el incremento de toneladas incautadas de cocaína en los Estados Unidos en los últimos cinco años es ostensible y coincide de manera directa con el aumento de más de 210.000 hectáreas de coca en Colombia. Por ello, no es coincidencia que la DEA tenga esta información, como tampoco la captura de ‘Santrich’ por exportar cocaína a los Estados Unidos. Las pruebas en ese caso son contundentes. Tampoco debe ser coincidencia que ‘Santrich’ y sus camaradas recibieran cinco millones de dólares de manera controlada; lo que tampoco nos sorprendería sería saber a dónde fueron a parar…
