La organización Dejusticia anunció tutelas a los nuevos congresistas que se niegan a presentar sus declaraciones de renta, actividades económicas privadas y posibles conflictos de interés. Once senadores y representantes serían los receptores de estas denuncias.
Según los demandantes, todos los funcionarios públicos deben presentar su declaración juramentada de renta antes de tomar posesión de su cargo. Este requisito debe cumplirse anualmente hasta el momento de su retiro.
En este documento se debe reportar los bienes, patrimonio y actividades externas que den ingresos adicionales al salario público. También se debe reportar posibles conflictos de interés, por ejemplo según las propiedades o inversiones que posean.
«Desde Dejusticia consideramos que el silencio, la negativa o la respuesta deficiente de estos representantes políticos y de las dos Secretarías del Congreso ante nuestra solicitud son preocupantes, pues el acceso a esta información es crucial para ejercer el derecho a la participación ciudadana y a hacer control social de los representantes elegidos popularmente», dijo la ONG.
La organización escogió a 20 congresistas para solicitar sus declaraciones. Alexánder López Maya, Iván Cepeda (Polo Democrático), Angélica Lozano (Alianza Verde), María Fernanda Cabal (Centro Democrático) y Olga Lucía Velásquez (Liberal) la entregaron. Otros tres congresistas, entre ellos Álvaro Uribe Vélez, lo hicieron a la secretaría del Senado o de la Cámara.
Los congresistas Rodrigo Lara Restrepo (Cambio Radical), Vanessa Mendoza (negritudes), Guillermina Bravo, Ana Paola Agudelo (Mira), Roy Barreras (la U), Doris Clemencia Vega (Opción Ciudadana), Jorge Robledo (Polo), Iván Name (Alianza Verde), Roberto Gerlein (Conservador), Armando Benedetti (La U), Luis Fernando Velasco (Liberal) y Antonio José Correa (Opción Ciudadana) no entregaron la información.
Dejusticia decidió entutelar a todos los que no entregaron sus declaraciones, exceptuando a Gerlein debido a su grave estado de salud.
