Pese a que el acuerdo de paz garantiza la no extradición de miembros del hoy partido político de la Farc por delitos cometidos antes de la firma del documento y con ocasión del conflicto armado, en el caso de Santrich no lo cobija porque, según las autoridades, los cargos de narcotráfico que se le imputan los cometió posteriormente.
Así lo manifestó el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en una declaración que dio en la Casa de Nariño junto con el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en la que explicaron la captura en Bogotá de Santrich, alias de Seuxis Pauxias Hernández Solarte, de 51 años, y su situación jurídica.
«El fiscal general de la nación me ha informado que como resultado de rigurosas investigaciones tiene pruebas contundentes y concluyentes que demostrarían la responsabilidad del señor Seuxis Hernández, conocido como Jesús Santrich, en delitos de narcotráfico cometidos después de la firma del acuerdo», dijo Santos.
El mandatario afirmó que el acuerdo final de paz, firmado en Bogotá el 24 de noviembre de 2016, «es claro» al señalar que quien cometa delitos después de esa fecha «será sometido a la jurisdicción ordinaria por los nuevos delitos cometidos».
Es el caso de Santrich porque, según explicó el fiscal Martínez, la circular roja emitida por Interpol para su captura por petición de la justicia de Estados Unidos «da cuenta de hechos que habrían ocurrido a partir del mes de junio de 2017 y hasta abril de 2018».
Esos hechos son en concreto «un acuerdo para exportar diez toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos de América», manifestó.
Según el fiscal, además de Santrich fueron capturados por el mismo delito otros tres individuos identificados como Marlon Marín; Armando Gómez, alias «el doctor», y Fabio Simón Younes Arboleda.
«La orden de captura internacional, cuya finalidad es la extradición de las referidas personas hacia los Estados Unidos», se basa en una acusación formal por narcotráfico emitida por el Gran Jurado de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York el pasado 4 de abril, añadió el fiscal.
Al respecto, Santos explicó: «si cumplido el debido proceso y con pruebas irrefutables hay lugar a la extradición por delitos cometidos después de la firma del acuerdo (de paz) no me temblará la mano para autorizarla, previo concepto de la Corte Suprema. Esas son las reglas del juego».
Santrich, además de ser uno de los líderes de la Farc y de haber hecho parte del equipo negociador en los diálogos de paz, donde se caracterizó por ser uno de los más intransigentes, es uno de los cinco designados por la antigua guerrilla para ocupar un escaño en la Cámara de Representantes en la legislatura que se inicia el próximo 20 de julio.
La detención del exguerrillero cayó como una bomba en el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), cuyos dirigentes rechazaron de inmediato la actuación de la Fiscalía.
«Este es el peor momento que puede estar atravesando este proceso de paz, el Gobierno tiene que actuar e impedir que estos montajes jurídicos desemboquen en hechos como este que generan una gran desconfianza en todos los guerrilleros», dijo a periodistas el número dos de la Farc, Iván Márquez.
El dirigente instó al Gobierno a que «genere hechos que impidan que estas intenciones que atentan directamente contra el proceso de paz se consoliden».
Por su parte, Victoria Sandino, también dirigente de la Farc, consideró la situación de la antigua guerrilla como «muy peligrosa» porque confirma que hay «inseguridad jurídica».
El abogado de Santrich, Gustavo Gallardo, manifestó a periodistas que a su defendido «no lo van a doblegar» y que comenzará una huelga de hambre contra su detención.
Santrich, según Gallardo, hizo un llamado a los «prisioneros políticos de las Farc que continúan en las cárceles para que se unan de manera mancomunada» a la huelga de hambre.
El senador Iván Cepeda, quien también intervino en los diálogos de paz de La Habana, dijo en Twitter que la captura de Santrich «es un pérfido ataque al proceso de paz que traiciona lo pactado y somete a seria incertidumbre el futuro de la terminación del conflicto armado».
Tras conocerse el traslado de Santrich al búnker de la Fiscalía, en el occidente de Bogotá, unos 200 partidarios se congregaron frente a ese edificio con banderas y pancartas para reclamar su liberación y «respeto» al acuerdo de paz.
