También el Gobierno se hizo presente con la canciller María Ángela Holguín en la cita de Montecristi, una atractiva localidad de la provincia costera de Manabí, en el oeste de Ecuador, donde se redactó la actual Constitución ecuatoriana y cuna de uno de los héroes liberales del país, Eloy Alfaro.
Tras concluir la reunión, los dos grupos suscribieron la denominada «Declaración de Montecristi», que fue entregada también a la delegación del Gobierno colombiano.
Las delegaciones del ELN y del ahora partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) afirmaron en el texto que «ninguna dificultad, por grande que sea», les «hará desfallecer en la conquista de la paz, construida sobre los cimientos de la equidad social, la soberanía, la verdad y la democracia».
Dichas delegaciones, que se reunieron bajo la autorización del Ejecutivo, expresaron también su «firme decisión de llegar a la paz completa y a los cambios y transformaciones que anhela la mayoría de los colombianos».
Por ello, remarcaron su compromiso «de realizar la defensa conjunta del proceso de paz y de explorar mecanismos comunes» para que se cumpla el acuerdo suscrito entre el Gobierno y la exguerrilla de las Farc, y avance la Agenda de conversaciones pactada entre el Ejecutivo y el ELN.
Para «armonizar los dos procesos», ambos grupos decidieron crear «un mecanismo conjunto» de cuyos resultados informarán en su debido momento «al Gobierno, al país y a la comunidad internacional».
No obstante, los delegados de los grupos, en su declaración, rechazaron la «persecución manifestada en el creciente número de asesinatos y encarcelamientos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y el asesinato de treinta excombatientes de las Farc».
Esos hechos, en su mayoría, «permanecen en la impunidad», mientras que la Fiscalía General de la Nación insiste, «de manera equivocada», en no hallar nexos entre los mismos, precisa el texto.
También reiteran que, para ellos, «el paramilitarismo es la mayor amenaza para la paz de Colombia» y que «por esta razón es necesario tomar medidas efectivas e inmediatas para el desmantelamiento definitivo de las operaciones y organizaciones paramilitares y sus redes de apoyo».
Asimismo, asegura que «la verdad que habrá de conocerse para alcanzar la paz, pondrá de presente las debilidades de un sistema que requiere prontas transformaciones y un compromiso de ‘Nunca Más'».
Sugieren actuar con sensatez y soberanía en torno al flagelo de las drogas, para que el Estado cumpla los compromisos con las comunidades y se apliquen los planes de sustitución de cultivos, de inversión social, «así como la formalización de la propiedad de la tierra y el fortalecimiento de la convivencia».
Los delegados también dejaron sentada su preocupación por el azote de la corrupción que, según advirtieron, «ha invadido la estructura social del país» y afecta a instituciones como «cortes, el Congreso, la rama Ejecutiva, la Fiscalía», organismos del Estado a nivel regional, así como a empresas públicas y privadas.
El «escandaloso comportamiento delictual de personalidades incrustadas al más alto nivel de la función pública y del sector privado, pone en peligro la posibilidad de la paz», por lo que es «necesario el diseño de políticas y acciones concertadas que pongan fin a esta alarmante situación de corrupción generalizada», agrega la Declaración.
Finalmente, remarca que «este momento histórico, excepcional exige la más plural alianza de los sectores que defendemos la paz y las transformaciones en el plano político y social» y recuerda las palabras del papa Francisco, en su reciente visita a Colombia: «La inequidad es la raíz de los males sociales».
La cita en Montecristi se dio un día antes de que comience la cuarta mesa de conversaciones entre las delegaciones del Gobierno colombiano y del ELN, que se extenderán hasta el próximo 15 de diciembre, que tendrá como objetivo echar a andar el punto uno de las discusiones, que tienen que ver con la participación de la sociedad en el proceso de paz.
