La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) dijo hoy que la huelga de camioneros que comenzó hace 42 días terminó convirtiéndose «en un intento muy fuerte de producir un chantaje» y en una «extorsión social».
«Eso es algo que en Colombia no puede seguir sucediendo», dijo a Efe el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, quien respaldó las estimaciones que cifran en cerca de dos billones de pesos (unos 684 millones de dólares) las pérdidas que deja la huelga de ese sector.
Los camineros convocaron al paro en rechazo a los incumplimientos que, según denunciaron, ha hecho el Gobierno colombiano en temas relacionados con el costo del traslado de la carga, el precio de los combustibles y los peajes, entre otros asuntos.
Mac Master indicó que si bien la protesta es «bienvenida» y es un «derecho constitucional», los «métodos por fuera de la civilidad y de la legalidad tienen que ser ampliamente rechazados por parte de la ciudadanía».
«Este paro tiene unas características muy especiales, tiene una característica de intento de presión y de mecanismos indebidos de presión sobre la población que son absolutamente inaceptables», apuntó.
El dirigente del empresariado advirtió que «en algunos casos», como en los departamentos de Nariño (suroeste) y Boyacá (centro), se ha dado un «secuestro colectivo» al impedir la movilización de las personas en transporte público, mientras que en el resto de las poblaciones se busca crear desabastecimiento de productos básicos y «producir pánico».
«De manera que el paro dejó de ser una solicitud o un reclamo de un sector de la economía, minoritario además dentro de su sector, y se terminó convirtiendo en un intento muy fuerte de producir un chantaje y una extorsión social», añadió.
El sábado pasado, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, indicó que el abastecimiento en el país pasó del 30 % hace ocho días al 65 % tras las medidas tomadas por el Gobierno frente al paro.
El Gobierno anunció el jueves pasado una batería de medidas para afrontar la situación que incluye el incremento de sanciones a quienes generen bloqueos en las carreteras.
Entre esas medidas están la incautación de vehículos que sean usados par bloquear vías, la imposición de multas y la movilización de 50.000 miembros de los cuerpos de seguridad del Estado para controlar el orden público en las carreteras.
