De ese número siete de ellas serán investigadas y a seis se les impusieron multas, una fue amonestada y una fue cerrada completamente.
La Universidad del Pacífico se encuentra bajo vigilancia preventiva, por ejemplo. La Universidad San Martín está bajo vigilancia especial y cuenta con un inspector in situ para que se agilice el reemplazo de directivos, afirmó la viceministra de Educación Superior, Natalia Ariza, según El Tiempo.
La Universidad Indígena e Intercultural de Colombia (Unicjao) en Montería, le fue ordenado un cierre inmediato y tiene sanciones de más de 244 millones de pesos.
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Este es, tal vez, el caso más preocupante, ya que la institución no acató la norma y por ello tendrá que pagar 272 millones de pesos por cada quincena en la que incumpla la “orden de cesación de la actividad ilegal”, de acuerdo al Ministerio.
La Corporación Universitaria Rafael Núñez en Cartagena fue sancionada con 122 millones de pesos, ya que se estableció que utilizaron 6.000 millones de pesos de la institución para hacer adecuaciones a propiedades que pertenecían a sociedades comerciales de la familia que controla la junta directiva de la universidad.
Luego de ello, fueron arrendadas a la misma institución por un valor de $150 millones mensuales.
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La Universidad Autónoma del Caribe fue multada con 68 millones de pesos, la Corporación Universitaria del Huila, con 55 millones, y las universidades de San Buenaventura y del Magdalena, con 13 millones de pesos.
El Instituto Universitario de la Paz tiene una amonestación pública por otorgar títulos universitarios de abogado a quienes ni cursaron ni aprobaron el consultorio jurídico.
Vigilancia
La viceministra aseguró que en 288 universidades del país se están llevando a cabo tareas de inspección y vigilancia. Asimismo, se llevan a cabo pruebas pilotos para vigilar de manera preventiva.
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