Cerca de 50 habitantes del sector del jarillón del río Cauca conocido como Brisas del Cauca completan más de dos meses afuera del Centro Administrativo Municipal, CAM, alegando que cumplen con los requisitos para convertirse en consejos comunitarios y no entregar el terreno que ocupan de forma irregular sobre el dique.
Ante esto, las autoridades de la ciudad se pronunciaron el pasado miércoles y aseguraron que dichas comunidades no se allanan a los lineamientos que establece la ley 70 y que no se pueden consolidar como la entidad que pretenden.
«La ley 70 establece que los consejos comunitarios se crean para proteger los derechos de las comunidades que habitaban tierras baldías, especialmente en las riberas de los ríos del Pacífico. Estas personas no cumplen con estas condiciones», explicó el secretario de Bienestar Social, Esaúd Urrutia.
El funcionario agregó que el territorio que los protestantes reclaman como título colectivo tiene títulos de propiedad privada, lo que hace aún más inviable la petición. Además, no se trata ni de un territorio rural ni de tierras baldías.
La solicitud de aprobar la consolidación de un consejo comunitario fue evaluada por la Alcaldía de Cali y el Ministerio del Interior, según lo sugirieron las comunidades de Brisas del Cauca que no han accedido a entregar los terrenos que ocupan en el jarillón.
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Ambas entidades coincidieron en que no había ninguna posibilidad para que esta figura se pudiera sacar adelante e hicieron un llamado a la concertación para desalojar el dique a cambio de una vivienda de interés prioritario, de un subsidio de arrendamiento o de una compensación económica.
«En Brisas del Cauca tenemos 1005 hogares y 367 expedientes que enviamos a procesos de restitución y que vienen siendo adelantados por la Secretaría de Seguridad y Justicia. De esos tenemos aproximadamente 167 que se han hecho efectivos, es decir, ya esos techos están demolidos. Venimos trabajando muy fuerte para cumplir con la meta de liberación de espacio», explicó el gerente del Plan Jarillón, Juan Diego Saa.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Justicia, Andrés Villamizar, hizo un «llamado a la cordura» y anunció que las personas que permanecen afuera del CAM serán retiradas con el apoyo de la Policía si se niegan a hacerlo de manera voluntaria ahora que su petición fue negada.
«Ya se estableció claramente que no se puede construir un consejo comunitario, no hay ninguna razón para que permanezcan en el CAM. Hacemos un llamado a la cordura, hemos tenido toda la paciencia con estas personas a pesar de los abusos sistemáticos a la normatividad ambiental, el exceso de ruido y el abuso de las normas del Código de Policía. Ese espacio no puede seguir siendo ocupado por unas pocas personas cuya protesta no tiene razón de ser», dijo Villamizar.
Cabe recordar que las familias pueden llegar a un acuerdo con la administración municipal hasta último momento, es decir, hasta antes de que sus viviendas sean demolidas en el marco del proceso de restitución del bien de uso público.
«Desde el Plan Jarillón lo que hacemos es garantizar derechos individuales en el marco de los requisitos establecidos para cada caso. Estas son familias que tienen derecho a una vivienda de interés prioritario, a una compensación económica o a una compensación por vulnerabilidad social», puntualizó Saa.
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