El Fondo de Vigilancia y Seguridad (en liquidación) decidió realizar una construcción que no tenía los permisos necesarios, ni los estudios pertinentes para construir un Comando de Acción Inmediata en ese sector (CAI).
Desde 1994 se realizó una concesión que fue denominada Devinorte, la cual consiste en la ampliación de la Carrera Séptima desde la Calle 245 hasta La Caro y la Autopista Norte; bajo esta premisa el nuevo CAI debe ser demolido pues está en el espacio que se usará para la ampliación.
Según la Personería de Bogotá habría un detrimento patrimonial que asciende a los 332 millones de pesos por parte del Fondo de Vigilancia y Seguridad.
El CAI fue entregado con 64 días de retraso, sin servicios públicos, sin rampas de acceso vehicular, el vidrio blindado de la puerta principal estaba roto, entre otras irregularidades que llevaron a la Policía Metropolitana a negarse a recibir el comando.
Ahora que está construido y nuevo, será demolido por las ampliaciones que se harán en la vía.
La Personería inició un proceso disciplinario para determinar los presuntos responsables; pues se sabe que el Fondo no contaba con el permiso que otorga la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y las autorizaciones que requieren la construcción del CAI, siendo esto una completa falta de planeación.
El 30 de diciembre de 2014 se adjudicó el contrato de construcción al consorcio Construcciones Institucionales quienes entregaron la obra 9 meses después, en un lote que no cuenta con redes de acueducto ni de alcantarillado.
El Fondo de Vigilancia y Seguridad en liquidación también esta en el ojo del huracán por las acusaciones de seguimientos ilegales a varias personalidades que habrían sido ordenadas por el actual concejal Hollman Morris y que están siendo investigadas por la Contraloría y la Personería de Bogotá. Para más información sobre estos hechos, de clic acá.
