Patrullan cientos de pueblos y decenas de ciudades. Rescatan personas en huracanes o sismos, son jefes de corporaciones policiales y hasta auxilian en accidentes viales.
Se trata de soldados y marinos, quienes desde hace por lo menos 22 años realizan labores de seguridad pública en todo México.
Se trata de una tarea que legalmente no deberían hacer. Su presencia en las calles se debe a una orden presidencial de hace décadas.
En los últimos años el tema se convirtió en uno de los más controvertidos del país, especialmente después que en 2006 el entonces presidente Felipe Calderón declaró la guerra a carteles de narcotráfico.
Las denuncias por abusos y violaciones de derechos humanos de las fuerzas armadas se incrementaron. En el debate hizo renacer la idea de la necesidad de regularizar la presencia militar en las calles.
Pero ahora que el Congreso aprobó la Ley de Seguridad Interior que pretende establecer reglas para la actuación de las fuerzas armadas en tareas policiales, la polémica se incrementó.
Muchos se preguntan si la legislación que llega 22 años después del primer despliegue de soldados como policías, podrá disminuir la violencia creciente en el país.
