Medida no privativa de la libertad contra seis de los siete políticos involucrados por la Fiscalía en presuntos hechos de corrupción relacionados con la denuncia por la compra de votos en las elecciones del pasado 11 de marzo, profirió este lunes un juez Bacrim.
La investigación está relacionada con los hechos en los que fue capturada también la excongresista, Aida Merlano, recluida en la Cárcel El Buen Pastor de Bogotá.
Los cobijados con la medida son los concejales Aissar Castro Bravo y Juan Carlos Zamora Callejas, los diputados Margarita Balen y Jorge Rangel, los exconcejales Aissar Castro Reyes (Barranquilla) y Vicente Támara Chamorro (Soledad).
Contra la excandidata a la Cámara de Representantes, Lilibeth Llinás, el juez se abstuvo de dictar alguna medida.
En el caso de los seis primeros no podrán salir del país y deberán presentarse a la justicia cada vez que sean requeridos. Además deberán observar buena conducta.
Los delitos que les imputó la Fiscalía son concierto para delinquir agravado y corrupción al sufragante agravado.
La Fiscalía dio información sobre carpetas a nombre de los políticos imputados en Barranquilla en las cuales habían evidencias de la vinculación con el grupo político y la compra de votos.
También presentó pruebas testimoniales sobre la entrega de dinero a los líderes, quienes a su vez pagaban 15 mil pesos a cada ciudadano que inscribían y luego 35 mil pesos el día de las elecciones, después de que votaran.
Sin embargo, el juez consideró que la Fiscalía no soportó muy bien la afirmación del ente investigador sobre «el peligro» que se generaba con una detención domiciliaria a los políticos, toda vez que en un mes comienza el proceso de inscripción de ciudadanos para las elecciones locales de octubre de 2019.
«No se evidencia que en 2015 (cuando hubo elecciones locales) haya habido compra de votos», dijo el juez, al considerar que no se pueden generar especulaciones alrededor de lo que puede suceder en las próximas elecciones locales.
El juez desvirtúa que por la presunción de lo que pueda suceder en las elecciones de 2019, «se pueda hablar de un concierto para delinquir agravado». «No sé puede quedar en un comentario del tintero», señaló el juez en sus argumentos.
«Es un decir porque no se puede colegir esta conclusión», señaló el togado al referirse a los argumentos de la Fiscalía al solicitar la medida de aseguramiento en centro carcelario.
También pidió el juez a la Fiscalía que se profundice alrededor de las cifras que se manejaron en la campaña.
La Fiscalía había señalado que con base en los datos en los que aparecen los nombres de más de 10 mil votantes, los políticos seguirían trabajando con miras a las próximas elecciones.
Rechazó el juez que se considere que los concejales «son un peligro para la veracidad del acervo probatorio».
«No es objetivo» para considerar que los políticos son obstrucción para la justicia, agregó el juez Bacrim.
El juez cuestionó la veracidad de las acusaciones del «testigo clave», según la Fiscalía, Rafael Francisco Palencia Borrero.
La investigación inició después del allanamiento a la llamada ‘Casa Blanca’, el pasado 11 de marzo, operativo en el que fueron capturadas 11 personas. Luego, en abril fue capturada Aida Merlano, y en mayo, los hermanos Carlos y Sara Jiménez.
