Un nuevo escándalo sacude el fútbol sudamericano por cuenta de una investigación hecha por el diario El Clarín, donde se indicó que una empresa llamada Internacional Trade & Comerce S.A, controlada por el colombiano Carlos Yorelmy Duarte Díaz, acusado de lavar dinero del narcotráfico y, desde hace seis meses, con un pedido de captura internacional firmado por el juez federal Sergio Torres, comercializó y estuvo en el negocio de dos partidos realizados en Argentina.
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Los derechos que en 2014 tenía Full Play Internacional Televisión S.A., empresa que pertenece a Hugo Jinkis y a su hijo Mariano, ambos con prisión domiciliaria por el FIFA Gate por la Justicia de Estados Unidos los acusa de haber pagado sobornos a dirigentes del fútbol para quedarse con los derechos de transmisión televisiva de varios torneos internacionales de importancia.
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Ese año, Full Play firmó un contrato con Hard Business, una de las tantas sociedades que controlaban Heisinger y Duarte Díaz mediante el cual “la primera cedería a la segunda las ganancias derivadas de la boletería y la venta de entradas para los partidos Colombia–Jordania y Colombia–Senegal, a llevarse a cabo los días 31 de mayo y 6 de junio de 2014 en el Estadio de San Lorenzo”, se lee en la acusación y que fue replicada por el periódico argentino.
Por ese negocio que incluía el derecho a publicitar la marca de Aguardiante Antioqueño en los partidos de la Selección, Hard Bussiness pagó un poco más de 330 millones de pesos colombianos. De acuerdo a los recibos analizados, la empresa en mención comercializó 11.000 entradas en puntos de venta controlados por otra sociedad de la banda llamada Grafim S.A.. Asimismo se conoció que uno de esos puntos de venta coincide con la dirección de la sucursal en Buenos Aires de otra sociedad, fundada en Panamá por los mismos narcos.
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Actualmente, otros negocios se encuentran bajo la lupa de la justicia argentina y se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre estos negocios que tienen vínculo con el fútbol, que incluye a un equipo argentino llamado El Porvenir donde los acusados intentaron ‘blanquear’ más de 400 millones de pesos colombianos por la adquisición del 70% de los derechos económicos de sus jugadores en una futura transferencia de la que se conoce que llegaron a cancelar más de 40 millones de pesos colombianos.
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