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| Licor | Grados de alcohol |
Precio antes de impuestos |
Impuesto actual | Nuevo impuesto |
|---|---|---|---|---|
| Aguardiente | 29 | 20.000 | 8874 | 11.380 |
| Whisky | 45 | 80.000 | 22.590 | 29.900 |
| Champaña | 14 | 200.000 | 4284 | 53.080 |
Este martes, la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate la Ley de Licores, que reforma por completo la recaudación del impuesto y la modificación del monopolio departamental para la producción y distribución de las bebidas alcohólicas en los 32 departamentos del país.
El proyecto de ley busca igualar la tributación de impuestos que los licores nacionales pagan con respecto a los extranjeros, así como recaudar más recursos para salud, deporte y educación en los departamentos y combatir el contrabando y la venta de licor adulterado.
Se calcula que, en la actualidad, el 50% de las botellas de licor vendidas en el país son ilegales, sea por contrabando o porque están llenas de licor adulterado.
1. El mismo impuesto para todos. El impuesto actual para los licores está repartido en dos vías: uno en el que se pagan 306 pesos por grado de alcohol para licores de menos de 35º, y otro para los licores de más de 35º en el que se paga 502 pesos. Esto no tenía en cuenta el precio de los licores, por lo que un aguardiente pagaba más que una botella de champaña debido a su mayor contenido alcohólico (ver recuadro).
El nuevo impuesto iguala a todos los licores con un tributo de 220 pesos por grado de alcohol, y le suma un 25% de impuesto sobre el precio antes de tributación. Así, un licor de alto costo y bajo contenido alcohólico podrá medirse de acuerdo a su precio efectivo, acabando con la inequidad y aumentando el tributo a los departamentos en un 20%.
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2. Impulsos a la producción de alcohol nacional. Los departamentos mantendrán el monopolio sobre la introducción y producción de licores en su territorio, pero tendrán cambios en las autorizaciones para producir alcohol en su interior que permitan desarrollar la industria licorera nacional.
Así, los departamentos podrán licitar la producción de sus bebidas alcohólicas o autorizar simplemente a quien desee a producir alcohol, previo permiso otorgado por las gobernaciones. Así mismo, las licoreras departamentales (como la Fábrica de Licores de Antioquia o la Industria de Licores de Cundinamarca) podrán seguir en operación.
Incluso, para las bebidas producidas por estas empresas se podrá descontar una parte del impuesto equivalente hasta al 5%, para compensar el IVA pagado por los insumos para producirlas.
3. Distribución regulada. Aunque la Constitución de 1991 había pedido regulaciones unificadas en la venta de licores dentro de los departamentos, esto no se cumplió. El proyecto autoriza a los departamentos a entregar licencias para la distribución de licores en cada departamento.
4. Aguardiente, bebida nacional. La ley otorga al aguardiente la denominación de origen de bebida nacional, lo cual se convierte en una protección para el licor anisado más popular de los colombianos.
5. Protecciones al contrabando. La norma propone la posibilidad de que los departamentos averiguen con la casa matriz quién vendió botellas de licor legítimas pero incautadas como contrabando; que se haga trazabilidad a las botellas fabrucadas en el país, y que se aumenten las restricciones a la venta de alcohol potable, para determinar quién y para qué lo adquiere.
