«Estaré totalmente dispuesto a acudir a los llamados de los organismos de control con el fin de dar las explicaciones correspondientes de los actos que se me endilguen»
Rodolfo Palomino, comandante de la Policía.
El general Palomino ha sido foco de críticas en los últimos meses por una serie de escándalos relacionados entre sí que hacen parte de la investigación anunciada por la Procuraduría hoy.
El primero de estos escándalos es el de la «Comunidad del Anillo». Se desató a finales de 2014 luego de que La FM revelara las quejas de un grupo de oficiales de Policía que habrían hecho parte de un círculo de prostitución masculina dentro de la institución. Las denuncias se multiplicaron en el segundo semestre de 2015.
El segundo escándalo se relaciona con las compras de predios de Palomino y otros oficiales en los últimos años en condominios de La Calera y Fusagasugá (Cundinamarca). Palomino compró los predios al coronel Jair Castellanos, presunto líder de la red de prostitución en la Policía.
El tercer escándalo se basa en las denuncias de Vicky Dávila y Claudia Morales de seguimientos e interceptaciones ilegales a los periodistas que investigan estos casos. Las denuncias van desde simples «chuzadas» hasta el uso de vehículos de inteligencia para rastrear los pasos de los comunicadores.
El comandante de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, fue vinculado a una investigación formal por su presunta responsabilidad en la red de prostitución masculina conocida como “la Comunidad del Anillo”.
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El anuncio fue realizado por el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, en rueda de prensa, en la que se indicó que se analizará una serie de pruebas entre las que destaca la aparición de un video entre un capitán de la Policía Nacional y “un exsenador que en la actualidad desempeña un alto cargo en el Gobierno”.
El capitán Ányelo Palacios Montero denunció el caso que provocó la queja, y entregó a la Procuraduría el video, presuntamente grabado en 2008, con el que mantiene una conversación de cierto contenido sexual con el alto funcionario, posteriormente identificado como el hasta hoy viceministro de Gobierno Carlos Ferro.
Según Ordóñez, el video entre el capitán Palacios y Ferro sería la prueba de que algunos miembros de la Policía Nacional están siendo ofrecidos como parte de una red de trata de personas y proxenetismo dentro de la institución, que involucraría a miembros del Congreso de la República.
A pesar de que la Procuraduría especificó en la investigación de Palomino el caso de la “Comunidad del Anillo”, también realizará investigaciones sobre los casos de posible incremento patrimonial injustificado y posibles interceptaciones ilegales que han sido difundidos por la prensa en los últimos meses (ver recuadro).
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La presión alrededor de Palomino ha arreciado, con varios sectores del Congreso exigiendo su renuncia. Senadores como Claudia López, Carlos Fernando Motoa y Mauricio Lizcano coincidieron en que el comandante de la Policía debe abandonar su cargo.
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En respuesta, el propio Palomino aseguró que, aunque respetará las investigaciones que se realicen en su contra por parte de los entes de control, solo renunciará si así se lo pide el presidente Juan Manuel Santos, que durante los escándalos conocidos en la Policía se ha mostrado firme en su apoyo a su máximo comandante.
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