Casi una década después del fin de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los grupos nacidos de su desmovilización son los principales responsables de las violaciones de derechos humanos en el país, según un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) publicado este jueves.
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Así se desprende del estudio, denominado «Desmovilización y reintegración paramilitar. Panorama postacuerdos con las AUC», que fue distribuido por esta institución en Bogotá y que da una visión general de la situación de los antiguos paramilitares en el país.
Asimismo, subraya que entre 2008 y 2010 se sucedieron cruentas disputas en distintas regiones del país entre las diferentes bandas nacidas tras el fin de las AUC, por lo que consideran que hubo una «desmovilización parcial del paramilitarismo».
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Entre ellas destacan el Clan Úsuga, liderado por el exparamilitar Dairo Antonio Úsuga David, alias «Otoniel», considerada la mayor banda criminal de Colombia y contra la que el Gobierno lanzó una ofensiva a inicios de año con el objetivo de descabezarla.
La presencia de esas bandas «es notable en más de 200 municipios» de los 1.123 del país y, pese a la persecución del Estado, «consolidan y mantienen una red de alianzas con impactos regionales, nacional e internacional», según recoge el informe.
Las AUC se desmovilizaron en el 2006 tras un proceso de negociación con el Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe y más de 30.000 personas vinculadas a ese grupo paramilitar se integraron en los procesos de desmovilización, desarme y reintegración (DDR).
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Precisamente ese es uno de los puntos que el informe pone en duda, ya que «se duplicó el número de sus supuestos integrantes», mientras «algunas estructuras y núcleos de las estructuras desmovilizadas permanecían en armas y en desarrollo de las mismas actividades».
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Entre aquellos que se presentaron a los programas de DDR, «los márgenes de reincidencia delincuencial resultaron importantes», así como el de «grupos disidentes del acuerdo» alcanzado en las negociaciones con el Gobierno.
«En consecuencia, (se produjeron) márgenes apreciables de personas exparamilitares muertas de formas violenta, capturadas y condenadas por la justicia», agregó el informe.
En este sentido, el estudio destaca que se sucedieron numerosos hechos de violencia contra los desmovilizados y sus familias «en represalia por revelaciones hechas o que podrían hacer».
Como parte del acuerdo, los exparamilitares se acogieron a una Ley de Justicia y Paz que contempla penas de máximo ocho años de cárcel a cambio de colaboración para esclarecer crímenes.
Algunos de los líderes de las extintas AUC como Rodrigo Tovar Pupo, alias «Jorge 40», han perdido los beneficios de la Ley de Justicia y Paz por no haber colaborado para esclarecer diferentes procesos.
Según el informe del CNMH, que fue coordinado por su director Gonzalo Sánchez, se habrían producido unos 800 homicidios contra desmovilizados de las AUC ante la posibilidad de que desvelaran datos referentes a otros exparamilitares.
Los redactores del estudio también concluyen que las experiencias con las AUC están «en perspectiva de los nuevos pactos de paz con las guerrillas insurgentes».
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El Gobierno dialoga con las FARC desde hace tres años para encontrar una salida negociada al conflicto armado que azota Colombia desde hace más de medio siglo, mientras que mantiene unos diálogos «exploratorios» con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el fin de iniciar un proceso similar.
Por ello, la experiencia con los desmovilizados de las AUC se antoja fundamental ante el fin de la actividad de esa guerrillas.
En sus recomendaciones, los autores instan a las instituciones estatales y gubernamentales a que adquieran «compromisos efectivos y coherentes con las políticas de construcción de la paz».
Además, reclamaron que se hagan programas de seguimiento, monitoreo y evaluación de «los procesos y programas de reintegración de personas desmovilizadas» de grupos armados ilegales.
En este sentido, también piden a los entes estatales que actúen de forma coordinada para que se realice un estudio «que permita esclarecer características, relaciones, actuaciones, financiaciones, contextos e impactos regional y nacional, así como tipos de afectaciones y recomendaciones de tratamiento sobre las agrupaciones posdesmovilización de las AUC en aras de su desarticulación».
