El Gobierno subastará el miércoles 57,61% de las acciones que el Estado tiene en la generadora eléctrica Isagen, una polémica operación a la que se oponen distintos sectores políticos del país por considerar la empresa un activo «estratégico» para la nación.
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Solo un proponente, BRE Colombia Investments LP, del fondo de inversión canadiense Brookfield Asset Management, hará oferta en la Bolsa de Valores de Colombia por el control de Isagen, una empresa modelo de gestión y rentable.
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El otro interesado, la empresa de energía chilena Colbun, anunció ayer su retiro, lo que alimenta la polémica por la privatización ya que no habrá puja sino el precio que ofrezcan los canadienses.
Isagen tiene siete centrales de generación de energía, seis de ellas hidroeléctricas y una térmica, con una capacidad instalada de producción de 3.032 MW, que aportan el 16% de la energía que el país necesita, de ahí que sea considerada estratégica por los sectores contrarios a su privatización.
La empresa tiene además en estudio cuatro proyectos hidroeléctricos que duplicarían su capacidad instalada pues suman 3.430 MW, así como dos geotérmicos, uno de ellos binacional con Ecuador, llamado Tufiño-Chiles-Cerro Negro, y pretende construir un parque eólico en La Guajira, departamento del extremo norte del país.
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El valor de las acciones del Estado en Isagen asciende a 6,4 billones de pesos (unos 2.000 millones de dólares) que serán invertidos en el programa de carreteras de cuarta generación (4G), necesarias para que el país supere su crónico atraso en vías de comunicación.
«Isagen es un activo que produce un dividendo, una rentabilidad, pero esa rentabilidad es muy baja comparada con lo que puede producir ese mismo dinero de los colombianos, por ejemplo, apalancando la financiación de las grandes carreteras, las grandes obras que necesita el país», dijo la semana pasada el presidente Juan Manuel Santos al defender la privatización.
En 2014, Isagen obtuvo un beneficio neto de 436.538 millones de pesos (unos 135 millones de dólares de hoy) y unos ingresos de 2,33 billones de pesos (unos 714 millones de dólares de hoy).
Los opositores a la venta argumentan que es un mal negocio para el Estado porque no solo deja en manos extranjeras una empresa vital para el país sino porque temen que el dinero obtenido con esta operación sea utilizado para tapar agujeros fiscales en un año que se prevé difícil para la economía.
La campaña en los tribunales en defensa del control estatal de la empresa, hasta ahora sin éxito, une a los más diversos sectores de la oposición, desde el expresidente Álvaro Uribe, líder del derechista partido Centro Democrático, hasta el bloque del partido de izquierdas Polo Democrático Alternativo liderado por el senador Jorge Enrique Robledo.
«No es justo que vendan a Isagen, activo estratégico del Estado, después del derroche y del aumento del endeudamiento», dijo recientemente Uribe, mientras que Robledo lidera la campaña «Isagen no se vende» a la que se han sumado congresistas de varios partidos, 80 de los cuales firmaron una carta contra la venta de la empresa.
A esta campaña se sumó también el Partido Liberal, que hace parte de la coalición de Gobierno de Santos, y que liderado por el senador Horacio Serpa publicó una declaración en la que pide al presidente que intervenga para impedir la operación.
La venta de Isagen, que estaba inicialmente prevista para agosto de 2014, se postergó para mayo de 2015 y luego para enero de 2016 para atraer el mayor número de interesados, pero al final solo se presentarán los canadienses. Los opositores alegan además que con la depreciación del peso el precio de la empresa en dólares será más bajo que el de hace dos años. EFE
