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P.: Quisiera empezar hablando de los motivos para su apoyo al “no” en el plebiscito del 2 de octubre. Usted ha hablado de oposiciones jurídicas a los acuerdos de La Habana. ¿Cuáles son esas oposiciones jurídicas?
R.: Nosotros somos un grupo que decidimos reunirnos informalmente para analizar el acuerdo final. Lo leímos, subrayamos, destacamos argumentando cada punto y llegamos a la conclusión de que tanto el acuerdo final como el acto legislativo que lo implementa le rompen vértebras importantes al ordenamiento jurídico, político e institucional del país, echando por la borda valores y principios propios de los Estados de derecho y del sistema democrático que, a lo largo de la historia, en Colombia habíamos respetado e intentado mejorar.
¿Cuáles son esos puntos?
Primero, la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Encontramos que va a ser una jurisdicción que va a ser integrada por instancias y entidades internacionales. Los magistrados de ese tribunal supremo van a ser elegidos por cinco compromisarios, tres de ellos extranjeros: la ONU, primero el papa, ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y una ONG que nadie conoce. De los 24 magistrados de este tribunal superior, 4 deben ser extranjeros. El ciudadano investigado tiene derecho de pedir que de los 5 magistrados que lo investigan, 2 sean extranjeros. Por cuestiones de soberanía del Estado y de nacionalismo, si es un tribunal que va a juzgar y condenar colombianos, debería ser nombrado por autoridades colombianas y estar compuesto de colombianos.
¿No se han visto ya en otros países como Yugoslavia, Nepal o en el Congo casos de tribunales extranjeros?
Pero eso ha ocurrido en Estados fallidos. A uno no le pueden citar el caso de Yugoslavia, porque de él surgieron seis estados. Le citan casos de África, pero nosotros no somos un Estado fallido. Y nos parece más grave que la JEP es una justicia soberana, exclusiva, preferente, totalmente autónoma. Para pedir una revisión o una apelación toca acudir a la corte celestial. Y es una justicia que agrava y profundiza los problemas de la justicia ordinaria, que ya son graves.
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¿Cuál es el segundo punto?
En el Acto Legislativo, cambian lo que se llaman “las reglas de juego”, porque en las reformas constitucionales ya no deben ser aprobadas en cuatro debates y no en ocho, en una legislatura en el llamado “fast track”, y los proyectos solo pueden ser presentados por el Gobierno, y solo pueden ser modificados o alterados con el visto bueno del Gobierno. Y además hay unas facultades especiales al Presidente de la República para que dicte leyes sobre lo que considere necesario para implementar el acuerdo final. Eso elimina la separación de poderes, es la concentración de poder en cabeza del Ejecutivo, y es amañar las reglas de juego. No son meros procedimientos: hacen parte del acuerdo sobre lo fundamental, porque son la defensa de los derechos de todos como ciudadanos. A uno no le pueden decir mañana “decretamos este impuesto”, porque esa es función del Congreso y uno puede pedir una revisión. Uno no cambia las reglas de juego de un partido de fútbol cuando empezó el campeonato.
¿Hay un tercer punto?
Y es el más grave: el acuerdo final es la plataforma del partido que crearán las Farc. Ellos no lo ocultan: por eso ‘Timochenko’, en el discurso del pasado 24 de agosto, dijo que este acuerdo debe ser difundido en todo el país para que sepan a qué tienen derecho y cómo deben organizarse. Está bien que los partidos tengan plataforma, pero lo que es indebido y abusivo es pretender que la plataforma del partido de las Farc sea la Constitución de Colombia, cuando dicen “los acuerdos hacen parte del bloque de constitucionalidad”. Este acuerdo tiene más importancia que la Constitución de 1991, y a pesar de lo farragoso que es, es más fácil de entender porque le dice a uno “usted tiene derecho a esto, a esto y a esto”.
¿Quién apoya este grupo?
Nosotros no somos un partido político, ni hablamos a nombre de ningún partido político. Nos preocupa porque nosotros, yo no, pero los otros, son juristas muy calificados, magistrados de altas cortes, que consideramos que tenemos la obligación moral de advertir a la ciudadanía, que vote en el sentido que sea pero que sepa que esto es así. Encontramos eco en la medida que hay quienes plantean que este es el punto de fondo: el Estado de derecho y el futuro de la democracia colombiana.
¿Ustedes están de acuerdo con la participación de las Farc en política?
Sin duda alguna. Creo que el mayor logro del acuerdo radica en que las Farc dejen de ser organización narcoterrorista y se conviertan en partido político. No consideramos que la desmovilización de las Farc y su conversión en partido sean la paz de Colombia y el fin de la guerra, así las Farc sean la organización guerrillera más poderosa que hay. Ya el Fiscal General advirtió que las áreas geográficas que controlaban las Farc están empezando a pelearse entre el Eln, las bandas criminales y los disidentes, y no las pelean a cachetadas. Lo que llama la atención es que eso se venía venir, y a pesar de los mensajes del Ministro de Defensa, ¿dónde está el Estado?
¿Usted cree que estos reparos pueden ser renegociados a futuro en caso de que gane el “no”? Una vertiente asegura que el plebiscito no es vinculante y los acuerdos pueden ser igual aplicados sin necesidad de que gane el “sí”.
Si llegase a ganar el “no” o si la diferencia fuese muy pequeña, un triunfo numérico pero una derrota política, hay que renegociar el acuerdo o suscribir uno nuevo. Lo dice expresamente la Corte Constitucional: “el plebiscito solo tiene efectos políticos para el presidente”. Si el ‘no’ es mayoritario, el Presidente no pierde su obligación de mantener el orden público y de conseguir la paz, incluida la negociación política. Este escenario se niega a contemplarlo el Gobierno públicamente, y amenazan con la guerra, pero es viable que el Gobierno haya pensado esta posibilidad. Yo diría que es casi un hecho de política real. Es más, uno podría pensar que las Farc pueden considerar que mientras Álvaro Uribe no esté en la mesa, la paz es muy difícil.
¿Sin Uribe? ¿Por qué?
Le doy dos razones. La primera es la carta de ‘Timochenko’ a Uribe para que se uniera a los diálogos: es muy respetuosa con Uribe. No puedo decir que es elogiosa, pero es un lenguaje muy distinto al que usa Santos cuando se refiere al expresidente. Uribe no contestó, pero ¿por qué ‘Timochenko’ le envía esa carta? Una carta generosa, no le dice “paramilitar”, empieza diciéndole que fue un duro contendor y con los duros se hace la paz. Y Álvaro Leyva, un hombre de entera confianza de las Farc, viene diciendo que el fin último del conflicto y el consenso nacional después del plebiscito es para la creación de una gran asamblea constituyente.
Una propuesta que también plantean otros políticos como Gustavo Petro.
La plantean las Farc y la plantea Uribe. Y ahí se encuentra todo el mundo.
O sea que se podría dar en una hipotética asamblea constituyente, que se encuentren ‘Iván Márquez’ y Uribe así como se encontraron Antonio Navarro y Jaime Castro en 1991.
En la Asamblea Constituyente del 91 estuvimos sentados Antonio Navarro y yo, que fui víctima de un atentado criminal de ellos (el 17 de mayo de 1986 en el sector de La Perseverancia, Bogotá). Yo estoy sentado aquí con usted porque hay un hermoso verso vallenato que dice “Abel Antonio solo muere cuando Dios lo necesita”. Yo no descarto que en la renegociación aparezca el uribismo o la asamblea constituyente en un hecho de política real.
¿Cuáles son las opciones que ve para que gane el “no”?
Considero que es muy difìcil que gane el “no”, porque todos los factores de poder, tanto públicos como privados, están a favor del “sí”. Pero hay un voto silencioso, una mayoría silenciosa. Hay un libro maravilloso de José Saramago, el Ensayo sobre la lucidez, en el que muestran cómo en unas elecciones, sin que nadie lo haya decidido, sin un grafiti, sin un afiche, todos mirándose a los ojos decidieron votar en blanco, y el 80% vota en blanco. Yo creo que se está dando eso.
Usted me decía que, incluso ganando el “sí”, podría ser una derrota política. ¿Cómo se podría ver esta derrota?
Hay un punto que hay que aclarar, y es que hay puntos del acuerdo que pueden implementarse aún si gana el “no”. Las reformas legales o constitucionales las pueden promover los partidos. La Corte dice que el Presidente no puede llevar los proyectos para implementar los acuerdos, pero igual lo pueden llevar los partidos, en aquellas materias que no tengan mayor resistencia si se abandona la fórmula “nada está acordado hasta que todo está acordado”. Yo creo que la derrota política del Gobierno es esa, que perdería fuerza: no iría al Congreso con un mandato creciente, y pierde fuerza para las elecciones del 2018. Porque este plebiscito lo han querido convertir en unas primarias de las elecciones de 2018.
¿Por eso se han polarizado las fuerzas y se ha convertido el plebiscito en una batalla de Santos contra Uribe?
Es más, yo le doy un vaticinio: el verdadero coletazo político y electoral del proceso se va a dar dentro de un año, con el inicio de la campaña electoral. Cuando el país se mire al espejo y se diga “¿Y esto es la paz? ¿No que iba a haber empleo, inversión, crecimiento? ¿Dónde está todo eso?”, porque el Estado no tiene capacidad económica ni política para cumplirlo. Yo creo que la verdadera derrota política se verá dentro de un año: una diferencia estrecha, de 10 puntos, sería un triunfo pírrico.
¿Cómo ha visto usted que se desempeña la campaña? ¿Ha sido limpia y adecuada?
Yo creo que el Gobierno y sus amigos, cuando plantearon el plebiscito, pensaron que iba a ser como en 1957 (cuando se votó el Frente Nacional), que fue un 97% sí y 3% no. El Gobierno no estaba obligado a hacer el plebiscito, pero se metió de cabeza en una gran encuesta de opinión, la mayor de todas, y cuando ven que la vaina con el «no» se crece, empiezan una campaña con un lenguaje descompuesto. Yo creo que son los partidarios del “sí” los que empiezan con esto y los otros le responden. Por eso dicen los del “sí” que el que vote “no” es fascista, paramilitar, uribista: nosotros desuribizamos el “no”. Afortunadamente no ha habido hechos de violencia: se gritan en la calle, o en una universidad, pero eso es propio de cualquier campaña política. También ha habido mucha protesta ciudadana por el abuso del Gobierno: los despachos del Gobierno se han convertido en oficinas de campaña.
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