«Joaquín Gómez» aprovechó el inicio de las negociaciones para indicar que el «optimismo» de las Farc se vio «empañado por el anuncio del presidente Juan Manuel Santos de vender Isagén».
Para el jefe guerrillero, Isagén, «una de las empresas más rentables del país» no debía ser vendida, y la operación de venta de sus acciones «es un atentado al patrimonio del pueblo colombiano».
«Gómez» aseguró que la venta de Isagén al fondo de inversión Brookfield Asset Management «va en contra del espíritu de lo que se está acordando en la mesa de conversaciones».
El Gobierno de Colombia y las FARC iniciaron hoy en La Habana la última etapa de sus diálogos de paz con el objetivo de acelerar las negociaciones, aunque con diferencias sobre la fecha tope del 23 de marzo para firmar el acuerdo final, un plazo que la guerrilla ve improbable.
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«Estamos haciendo hasta lo imposible, pero hay causas objetivas que seguramente van a impedir que eso se dé el 23 de marzo. De ambas partes, porque de parte del Estado hay escollos tan importantes como es el esclarecimiento y desmantelamiento del paramilitarismo», dijo hoy a la prensa el guerrillero «Joaquín Gómez», alias de Milton de Jesús Toncel.
Las palabras del comandante de las FARC contrastan con las declaraciones hechas este martes por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien indicó que los negociadores gubernamentales han regresado a La Habana con la instrucción de «meter el acelerador al proceso» para poder firmar la paz en el plazo del 23 de marzo.
«Gómez» también indicó que la insurgencia tiene «el acelerador metido» desde el inicio del proceso de paz en la capital cubana hace más de tres años, pero hay asuntos «que se le salen a uno de las manos» que van a impedir cumplir con los plazos previstos.
El jefe negociador de las FARC, «Iván Márquez», ya advirtió el martes en su cuenta de Twitter de que es una «ingenuidad ligera» insistir en el 23 de marzo como fecha límite para el acuerdo final, debido a la demora en la aplicación en el pacto sobre justicia transicional.
El comandante «Joaquín Gómez» también lamentó retrasos en otros acuerdos logrados, como el compromiso adoptado por el Gobierno en noviembre de indultar a una treintena de guerrilleros de las FARC, algo que todavía no se ha producido.
«El Gobierno prometió que iba a indultar a treinta camaradas nuestros, e inclusive dio a entender que para la Navidad estarían en libertad. A día de hoy lo único que hay es una dilación sin ningún tipo de justificación», indicó.
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Preguntado por el 15 aniversario del «Plan Colombia», el acuerdo entre Colombia y EE.UU para la paz y el fortalecimiento del Estado que establecía ayuda económica estadounidense para acabar con los cultivos ilícitos, «Gómez» señaló: el saldo es «muerte, paramilitarismo, ejecuciones extrajudiciales y pobreza».
El presidente Santos acudirá el próximo 4 de febrero a las celebraciones en Washington por el aniversario de ese acuerdo bilateral, invitado por el presidente estadounidense Barack Obama, quien está apoyando ese nuevo proceso de paz con las FARC con el nombramiento del enviado especial Bernie Aronson.
Además, durante el año fiscal 2014, Estados Unidos concedió 324,82 millones de dólares en asistencia total a Colombia, y el 70 % de esa suma se dedicó a programas de paz y seguridad.
«Me parece muy bueno que Obama apoye. Así como han apoyado y financiado el Plan Colombia, está muy bien que apoyen la salida política al conflicto social y armado que por más de 50 años ha desangrado al país«, subrayó «Gómez» al respecto.
La mesa de negociación de La Habana inició hoy las discusiones sobre el último punto de la agenda, referido al fin del conflicto, que incluye complejos asuntos como el cese el fuego bilateral y definitivo y la dejación de las armas por parte de la guerrilla, temas que desde hace meses ya adelantaba una subcomisión técnica compuesta por altos mandos militares de ambas partes.
Las delegaciones encaran así la recta final del proceso de paz después de sellar el pasado 15 de diciembre un trascendental acuerdo para la reparación de las víctimas, que contempla la creación de una jurisdicción especial para los delitos de lesa humanidad basado en el reconocimiento de la responsabilidad.
En más de tres años de conversaciones, las partes ya han alcanzado acuerdos en asuntos como propiedad de la tierra y desarrollo rural, participación política y erradicación de cultivos ilícitos y drogas.
