El senador Álvaro Uribe dijo que el Gobierno Nacional debía adelantarse al fallo del 17 de marzo y rechazar la competencia de La Haya para juzgar la nueva disputa con Nicaragua.
Uribe, que recibió en 2003 las pretensiones de Nicaragua que desencadenaron el fallo de 2012, aseguró que el tema es de competencia exclusiva del Congreso.
“Es urgente que el Congreso considere hablar con el Gobierno Nacional y mirar esto antes de que la Corte de La Haya nos sorprenda con una decisión altamente inconveniente o altamente riesgosa en contra de los intereses nacionales», dijo.
Este 17 de marzo, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) presentará en La Haya los resultados de una de las más importantes interrogantes en la diplomacia colombiana reciente: ¿estará Colombia en la víspera de un nuevo juicio contra Nicaragua relacionado a la propiedad de la plataforma marítima alrededor de San Andrés?
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Según la Cancillería, la decisión que salga de La Haya decidirá dos temas de forma en el proceso jurídico entre Colombia y Nicaragua, una relacionada con los incumplimientos del fallo en contra del país de 2012, y la segunda con la posibilidad de una expansión del mar nicaragüense a la plataforma continental extendida (PCE).
«En estas decisiones no se va a juzgar nada de fondo», explica el director de Derecho Internacional de la Universidad de la Sabana, Nicolás Carrillo. «Se busca que la Corte explique una serie de excepciones preliminares y que decida si tienen la competencia para juzgar estos casos o no».
Uno de los argumentos de la Cancillería es que la CIJ no tiene competencia para juzgar los problemas alrededor de la plataforma continental, debido a que el retiro del Pacto de Bogotá impide una demanda judicial en estos puntos. Además, los abogados al servicio del país han insistido que en 2012 se juzgó el límite entre ambos países.
«Si se examina, lo que se va a determinar es el fondo, es decir, determinar la plataforma continental extendida de Nicaragua y si Colombia no ha cumplido con lo acordado en 2012», afirma Carrillo. «Otra eventualidad es que la Corte acepte esta excepción preliminar, pero la analice en un caso de fondo y ahí sí decida».
Una de las mayores dificultades surge alrededor de los «incumplimientos» de Colombia al fallo anterior, que asignó un área marítima a Nicaragua. Aunque Managua asegura que en el área se han encontrado flotillas colombianas, la situación se complica por derechos como la dificultad de navegación o el libre tránsito.
En todo caso, una decisión de la Corte para realizar un análisis de fondo provocaría un nuevo juicio, cuya duración sería bastante extensa y provocaría una nueva disputa jurídica con el país centroamericano, pero la canciller María Ángela Holguín se declaró esperanzada de que el anuncio del próximo jeuves sea positivo para el país.
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«Nos hemos preparado desde el momento mismo en que Nicaragua puso estas demandas en septiembre y noviembre del año 2013 y hemos presentado excepciones preliminares que son los argumentos que el Gobierno de Colombia le ha dado a la Corte para que se declare que no es competente de revisar este asunto; han sido argumentos muy sólidos, muy contundentes», aseguró.
A pesar de esto, Carrillo advierte que uno de los argumentos, como lo es la delimitación de los límites del país exclusivamente mediante tratado aprobado en el Congreso (ver recuadro), es improcedente. «No se puede supeditar la ley internacional a la legislación nacional. Las normas como la de la CIJ son superiores a las colombianas», dice.
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