La Defensoría del Pueblo de Colombia denunció la precaria situación de salud, educación, vivienda y seguridad que viven unos 600 indígenas de la etnia Wounaan en el Valle del Cauca, tras haber regresado a su territorio.
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«El agua la están tomando del río San Juan, que está contaminado por minería ilegal, han denunciado presencia de actores ilegales armados y no se ha acondicionado el sitio que tenía dispuesto esta comunidad para recibir sus clases», afirmó el defensor delegado para poblaciones desplazadas, Mauricio Redondo Valencia.
Funcionarios de la Defensoría viajaron a Buenaventura para hacer seguimiento del caso de los cientos de miembros de la comunidad Wounaan que fueron reubicados en su territorio tras sufrir desplazamiento forzoso.
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Los representantes de la institución confirmaron que los indígenas no cuentan con garantías para mantenerse en su lugar de origen a pesar de los compromisos adquiridos por las autoridades locales, departamentales y nacionales.
Los funcionarios constataron que la planta eléctrica del resguardo está dañada y que la comunidad permanece aislada porque no hay una lancha para movilizarse en caso de emergencia.
La comunidad Wounaan tuvo que desplazarse en 2014 de sus asentamientos en Chachajo, Agua Clara y Chamapuro por el conflicto armado colombiano y en 2015 volvió a sus tierras después de permanecer un año en el coliseo de Buenaventura.
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Como parte de las acciones que se emprenderán para proteger a los indígenas, la Defensoría del Pueblo le pidió al alcalde de Buenaventura, Eliécer Arboleda, que convoque al Comité de Justicia Transicional para analizar el próximo 31 de marzo la situación de los Wounaan.
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